La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las detenciones masivas registradas en India en el marco de las protestas de los últimos días en Nueva Delhi, la capital del país.
El portavoz del Alto Comisionado, Thameen al Kheetan, alertó de informes sobre arrestos de manifestantes, dirigentes de las movilizaciones, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas, abogados y periodistas. Naciones Unidas instó a las autoridades indias a respetar plenamente el derecho de reunión pacífica y sostuvo que cualquier limitación debe ajustarse a criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad.
El organismo también pidió a las fuerzas de seguridad máxima moderación frente a los manifestantes, en consonancia con las tradiciones democráticas de India y con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. Además, reclamó la puesta en libertad de inmediato y sin condiciones de todas las personas que, a su juicio, han sido detenidas arbitrariamente.
La respuesta de Nueva Delhi fue frontal. El Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que tomó nota de las declaraciones de la oficina del Alto Comisionado, pero calificó de injustificadas las preocupaciones trasladadas por Naciones Unidas. En su réplica, el Ejecutivo indio reivindicó al país como «la mayor democracia del mundo» y defendió que el derecho de reunión pacífica está recogido en la Constitución y amparado por «instituciones sólidas, un poder judicial independiente y una prensa libre».
El ministerio añadió que, como en cualquier sistema democrático, el ejercicio de ese derecho está sujeto a la preservación del orden público y de la seguridad. También afirmó que las fuerzas policiales actúan «estrictamente conforme a la ley» y recordó que los ciudadanos disponen de los tribunales para presentar sus reclamaciones y obtener una resolución.
Sobre esa base, la diplomacia india rechazó las observaciones de Naciones Unidas y sostuvo que su pronunciamiento supone una «intromisión inaceptable» en los asuntos internos del país. El Gobierno también cuestionó la imparcialidad del organismo internacional y lo acusó de mantener una actitud de «extrema selectividad» a la hora de pronunciarse sobre distintas situaciones relacionadas con las protestas y la actuación de las fuerzas de seguridad.
Según Nueva Delhi, esa diferencia de criterio constituye un «doble rasero» que debilita la credibilidad de las posiciones expresadas por el organismo y contribuye a erosionar la confianza en el multilateralismo.
El intercambio de declaraciones coincide con la continuidad de las manifestaciones en la capital india para exigir la dimisión del presidente de la Comisión Electoral Central, Gyanesh Kumar, nombrado en el cargo por el primer ministro, Narendra Modi, y acusado de manipular el censo electoral para beneficiar a la formación de este último.
En el marco de esas movilizaciones, convocadas por el movimiento Partido de las Cucarahas (CJP), alrededor de 3.000 personas fueron arrestadas durante la jornada del sábado en Nueva Delhi. Además, se reportó la cancelación de más de 250 trenes y el cierre de hasta 45 estaciones de metro.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un gobierno responde a una protesta masiva con el lenguaje del orden público y rechaza el escrutinio externo como injerencia, el choque deja de ser solo policial y pasa a ser institucional. La pregunta de fondo es si el aparato estatal protege el derecho de reunión o si lo tolera únicamente cuando no incomoda al poder.
También importa el costo para la economía cotidiana de la capital: más de 250 trenes cancelados y hasta 45 estaciones de metro cerradas no son cifras abstractas, sino fricciones reales para el trabajo, el comercio y la movilidad. El orden democrático no se fortalece por negar el conflicto, sino por resolverlo con reglas claras, debido proceso y una policía contenida por la ley, no por la conveniencia política.
