La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reprogramó para los días 18, 19 y 20 de agosto la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de investigaciones por las masacres de El Aro y La Granja, la presunta conformación de un grupo armado en San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. La diligencia estaba fijada inicialmente para el 24 de julio; el aplazamiento se produjo luego de que el ente investigador aceptara una petición de la defensa del exmandatario.
Los hechos investigados ocurrieron en Antioquia durante la década de los noventa, cuando Uribe ejercía como gobernador de ese departamento. Según la fuente, la Fiscalía abrió formalmente una investigación por la presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque y por las incursiones armadas en Ituango.
En la primera de esas incursiones, paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del bloque Mineros recorrieron el corregimiento La Granja, sacaron a pobladores de sus viviendas acusándolos de auxiliar a la guerrilla, y asesinaron a cinco de ellos. En 1997, entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre, una nueva incursión arrasó el corregimiento de El Aro: 15 personas masacradas, 42 viviendas incendiadas, 1.200 cabezas de ganado robadas y 1.400 personas desplazadas, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras.
La investigación posterior de Justicia y Paz identificó como comandantes de esas operaciones a José Higinio Arroyo Ojeda, alias «Ocho Cinco» o «Caballo», y a Isaías Montes Hernández, alias «Junior». Según la fuente, en los hechos participaron tres helicópteros, uno pilotado por el comandante paramilitar Salvatore Mancuso. También hubo sospechas de que otra de las aeronaves pertenecía a la Gobernación de Antioquia, aunque —según la misma fuente— esto no se ha probado en las diligencias judiciales.
El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda «la Terraza» asesinaron en su oficina de Medellín al abogado Jesús María Valle, quien había denunciado vínculos entre paramilitares y agentes del Estado. Su sobrino y también abogado, Mauricio Alberto Herrera Valle, declaró a El Colombiano que «a él lo mataron por decir la verdad».
Por las masacres de La Granja y El Aro, la justicia ha condenado a varios comandantes paramilitares, entre ellos Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, así como a empresarios señalados de financiar las incursiones, como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio. Según la fuente, algunos paramilitares desmovilizados, entre ellos Mancuso, han señalado a Uribe de presunta complicidad. Uribe, por su parte, calificó la citación como un «atropello» y acusó a la Fiscalía de buscar una «revancha política» en su contra.
Las investigaciones tienen un largo recorrido institucional: fueron abiertas y archivadas en el año 2000, y regresaron a la Fiscalía en septiembre de 2020 tras la renuncia de Uribe al Senado, momento en que la Corte Suprema perdió competencia para continuar los procesos.
Conviene mirar los incentivos. El caso ilustra una tensión estructural del sistema judicial colombiano: procesos que duran décadas, se archivan y se reactivan según las variaciones de competencia procesal, generan una incertidumbre que no sirve ni a las víctimas ni al debido proceso. La historia sugiere cautela ante lecturas que reduzcan este expediente a un episodio de disputa política; los hechos de violencia documentados son graves y merecen una resolución judicial seria, independientemente de quién ocupe la presidencia o de qué partido controle la Fiscalía. El dato importa más que el ruido: mientras el proceso se aplaza y los expedientes acumulan polvo, las familias de El Aro y La Granja aguardan una respuesta del Estado que, en más de treinta años, no ha llegado de forma definitiva.
