Las autoridades francesas emitieron este sábado una orden de evacuación preventiva para siete municipios de la región de Gironda, en el suroeste del país. La medida, anunciada por la prefecta Sophie Brocas, abarca Le Haillan, Eysines, Mérignac —el suburbio más grande de Burdeos—, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalle y Saint-Aubin-de-Médoc.
La preocupación no es solo forestal. En Saint-Médard-en-Jalles opera una planta industrial clasificada como de alto riesgo Seveso que produce oxidante para el cohete europeo Ariane y propelentes para misiles y cohetes. La proximidad del fuego a esa instalación elevó el nivel de alerta y justificó parte del despliegue militar.
El primer ministro Sébastien Lecornu describió el comportamiento del fuego en Gironda como «fuego convectivo»: capaz de generar sus propios vientos, acelerar su marcha y cambiar de dirección de forma brusca. Los servicios de emergencia calificaron el fenómeno de «sin precedentes».
La respuesta del gobierno francés incluyó el despliegue de más de 1.500 efectivos militares en Gironda y Las Landas, la activación de un Airbus A400M adaptado para la lucha contra incendios y la puesta en marcha del «plan blanco» hospitalario. Además, se distribuyeron más de 1,5 millones de mascarillas FFP2 ante las densas columnas de humo.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que en lo que va del año se han quemado más de 98.000 hectáreas en Francia, cifra que calificó como «récord histórico». Las evacuaciones superan los 167.000 desplazados en Gironda y 30.000 en Las Landas, lo que representaría, según las propias autoridades, la mayor operación de ese tipo en la historia del país.
En España, la situación es igualmente crítica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, definió la emergencia en el suroeste de la región como «el peor incendio de la historia» de la zona. Más de 40.000 personas han sido evacuadas o confinadas. Las autoridades locales advirtieron que el foco madrileño se encuentra «fuera de capacidad de extinción» debido a condiciones meteorológicas adversas y vientos intensos.
Los equipos de combate enfrentan la confluencia de dos focos masivos: uno en Madrid, con 6.000 hectáreas destruidas, y otro en Castilla y León, con 9.000 hectáreas afectadas. En paralelo, la Guardia Civil mantiene a dos personas bajo investigación —una de ellas detenida— por su presunta responsabilidad en el foco castellanoleonés.
El conjunto de ambos países suma más de 113.000 hectáreas afectadas y cerca de 200.000 evacuados en una emergencia que los propios gobiernos reconocen fuera de escala histórica.
Conviene mirar los incentivos. Una crisis de esta magnitud expone, una vez más, la distancia entre los recursos que los Estados europeos destinan a prevención forestal y la magnitud de los daños que deben cubrir cuando la prevención falla. El coste para el contribuyente —en despliegues militares, hospitales en alerta, mascarillas y operativos de evacuación— se acumula con rapidez. La gestión forestal, la planificación territorial en zonas de riesgo y la capacidad de respuesta temprana son decisiones de política pública que preceden al fuego; lo que ocurre después es, en buena medida, consecuencia de lo que se hizo o se omitió antes. El dato importa más que el ruido: 98.000 hectáreas quemadas en Francia en un solo año es un número que exige explicaciones, no solo condolencias.
