Los incendios forestales que arrasan desde el miércoles la Sierra Oeste de Madrid, la provincia de Ávila y parte de Toledo constituyen, según las propias autoridades regionales, el peor episodio de fuego en la historia de la Comunidad de Madrid. Los datos disponibles al cierre de esta edición hablan de más de 200 kilómetros de perímetro, unas 45.000 hectáreas afectadas y cerca de 90.500 personas en situación de emergencia: casi 60.000 evacuadas y otras 30.000 confinadas en sus domicilios.
El origen inmediato fue un incendio declarado el miércoles en el municipio toledano de Almorox, que se extendió rápidamente hacia la Comunidad de Madrid. Un segundo foco en Villa del Prado confluó con el primero, y el jueves las llamas de un vehículo ardiendo en el arcén de la carretera M-501, en San Martín de Valdeiglesias, generaron un tercer frente que el viernes terminó por sumarse al conjunto. En paralelo, el incendio de Burgohondo, en Ávila, avanzó hasta unirse con los focos madrileños el sábado, formando un único y vasto frente.
Más de una decena de municipios madrileños fueron desalojados: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo, Peralejo, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, entre otros. En Ávila, 12 municipios quedaron afectados. El sábado por la tarde, el Gobierno amplió a Toledo la declaración de emergencia nacional y ordenó la evacuación de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, en Almorox.
El jueves, ante la desfavorable evolución de las llamas y a petición del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno de España activó la emergencia de interés nacional, transfiriendo el mando al Ministerio del Interior. España solicitó además la activación del mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para coordinar la respuesta conjunta de los países europeos. El ministro Fernando Grande-Marlaska advirtió que «la situación es compleja» y que «la noche que tenemos por delante no se presenta favorable».
Los fuegos exhiben una virulencia extrema: según los bomberos consultados por la AFP, son capaces de generar el fenómeno conocido como pirocumulonimbo, en el que el incendio «crea su propio viento, con remolinos, y se vuelve errático e incontrolable». La gran columna de humo empeoró durante el fin de semana la calidad del aire en toda la ciudad de Madrid y viajó centenares de kilómetros. Decenas de viviendas quedaron calcinadas.
El contexto europeo agrava el cuadro. En Francia, los incendios en los departamentos de Gironda y Las Landas han arrasado más de 32.000 hectáreas —tres veces la superficie de París— y destruido al menos 140 viviendas. La prefectura de Gironda ordenó el sábado por la noche 55.000 nuevas evacuaciones en municipios de las afueras de Burdeos, elevando el total de desalojados en esa región a más de 200.000 personas. En lo que va de año, los incendios han quemado más de 168.000 hectáreas en España según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), y 98.000 en Francia según el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez.
Conviene mirar los incentivos que esta crisis pone sobre la mesa. La emergencia desbordó en cuestión de horas la capacidad de respuesta regional, evidenciando que la gestión del monte, la inversión en medios de extinción y la planificación del territorio periurbano no admiten más demoras. Cuando el fuego obliga a evacuar a casi 60.000 personas, a cortar arterias viarias principales y a activar mecanismos supranacionales, el coste recae sobre los contribuyentes y, sobre todo, sobre los propietarios que pierden viviendas y medios de vida. La historia sugiere cautela ante los diagnósticos que reducen todo a una sola causa: la gestión forestal deficiente, la acumulación de biomasa y la expansión urbanística en zonas de riesgo son variables que ningún gobierno puede ignorar una vez extinguidas las llamas.
