Los incendios forestales que azotan varias provincias españolas han quemado al menos 85.000 hectáreas en los últimos días y han afectado a más de 171.000 personas entre evacuadas y confinadas, según datos oficiales citados este lunes.
En las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, 90.949 personas han sido alcanzadas por las llamas o el humo: 63.152 fueron evacuadas y otras 27.797 permanecen confinadas. En Castellón, un incendio separado que quemó al menos 7.200 hectáreas mantiene a 16.000 personas evacuadas y a unas 64.000 confinadas.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este lunes que «quedan horas difíciles, complejas» para combatir los focos activos. Las autoridades desplegaron unos 400 efectivos terrestres y 25 aéreos, aunque el humo ha impedido operar con medios aéreos de forma continua, según los reportes oficiales.
Grecia, Italia, Portugal y Turquía enviaron apoyo de medios terrestres y aéreos para reforzar la respuesta española. La coordinación internacional refleja la escala del desastre y la insuficiencia de los recursos nacionales ante un frente tan extenso.
Desde La Habana, el canciller cubano Bruno Rodríguez expresó en redes sociales «sincera solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España» y reiteró «la cercanía y apoyo en estos momentos difíciles». El gesto diplomático del régimen cubano —un gobierno que enfrenta sus propias crisis de infraestructura y abastecimiento— no pasa desapercibido: La Habana ofrece palabras donde otros aliados europeos aportan aviones y brigadas.
El dato importa más que el ruido. Lo que revelan estas horas es la presión que ejercen los grandes incendios sobre los sistemas de gestión de emergencias: 85.000 hectáreas en pocos días exigen una cadena de mando ágil, presupuesto preventivo y coordinación interinstitucional que no puede improvisarse cuando el fuego ya avanza.
Conviene mirar los incentivos. La prevención forestal —desbroce, cortafuegos, gestión del monte— es costosa y políticamente invisible en tiempos ordinarios; su ausencia se vuelve catastrófica en verano. El coste para el contribuyente español de reconstruir lo quemado, reubicar a los evacuados y compensar pérdidas superará con creces cualquier inversión preventiva que se hubiera postergado. La historia sugiere cautela ante los gobiernos que recortan partidas de emergencia en nombre del ajuste y luego facturan la factura de los desastres a los mismos ciudadanos que financian el Estado.
