La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de imputación contra Laura Camila Sarabia Torres. Sarabia fue jefa de gabinete y luego embajadora bajo el gobierno de Gustavo Petro. Hoy enfrenta dos cargos: abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formalizó el trámite. Así lo confirmó el ente acusador en un comunicado. La audiencia se realizará en el complejo judicial de Paloquemao.
El caso tiene un origen preciso. Entre el 27 y el 29 de enero de 2023, Marelbys Meza, entonces niñera de Sarabia, habría sido obligada a someterse a una prueba de polígrafo. El motivo fue la pérdida de una maleta de Sarabia con dinero y documentos.
La seguridad presidencial llevó a Meza hasta los sótanos frente a la Casa de Nariño. Allí se realizaron las pruebas. Los hechos fueron denunciados originalmente por SEMANA y desataron uno de los primeros escándalos internos del gobierno Petro.
Según un oficial de la Policía, la orden del polígrafo provino directamente de Sarabia. Esa versión, citada por la Fiscalía, es central en la imputación que se avecina.
El expediente llevaba más de tres años dando vueltas entre despachos. SEMANA reveló días atrás que las conductas investigadas corrían riesgo de prescribir. La imputación llegó poco después de esa revelación.
Hubo, además, un intento de acuerdo entre la defensa de Sarabia y la Fiscalía. Se buscaba una terminación anticipada del proceso, con posible aceptación de cargos. La negociación no se concretó y el expediente siguió su curso ordinario.
La investigación no se limita a Meza. También involucra a Fabiola Perea, otra exempleada de Sarabia. El coronel Óscar Mojica ya reconoció su responsabilidad en el episodio, lo que confirma que hubo interceptaciones ilegales, según la propia Fiscalía.
El caso avanza, pero a un ritmo que contrasta con la gravedad de los hechos. Tres años sin decisión, un acuerdo fallido y una imputación que llega al filo de la prescripción dibujan un patrón que preocupa más allá del expediente puntual.
El episodio ilustra un problema de fondo: el uso de aparato estatal —seguridad presidencial, pruebas de poligrafía, interceptaciones— para resolver un asunto personal de una funcionaria de primer nivel. Cuando el poder público se emplea para intimidar a un subordinado, la línea entre autoridad y abuso se borra.
El petrismo llegó al poder con un discurso de ruptura frente a las prácticas del pasado. El caso Sarabia recuerda que la distancia entre el discurso y la conducta de gobierno puede ser corta. Conviene mirar los incentivos: cuando la impunidad se descuenta por el tiempo procesal, la rendición de cuentas se debilita para todos los que ejercen cargos públicos, no solo para esta funcionaria en particular.
