El excontralmirante de la Marina, Fernando ‘N’, fue vinculado a proceso por una jueza del Estado de México por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Permanecerá en el penal de El Altiplano tras una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
La sesión se realizó sin acceso a medios, por decisión de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). El Ministerio Público habría presentado 100 datos de prueba.
El abogado defensor, Epigmenio Mendieta, expuso ante la prensa que el Ministerio Público citó testimonios sobre una persona identificada como «Andy», quien —según uno de los testigos— habría llamado por teléfono al secretario de Marina para «destrabar» un buque detenido en Guaymas. El defensor también mencionó el señalamiento de un testigo protegido, identificado con el dato «Santo», según el cual los muelles 289 y 290 pertenecerían a un compadre o amigo de «un político muy importante de Tabasco». Ninguno de los dos señalamientos ha sido confirmado por la FGR ni identifica con nombre completo a las personas aludidas.
Según la investigación oficial, la red de huachicol fiscal operó en ocho entidades del país y ocasionó un daño al erario que supera los cuatro mil millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones presentadas durante el proceso. La estructura utilizó empresas con actividades aparentemente legales —importación de derivados del petróleo, servicios portuarios y transporte ferroviario— como fachada.
El mecanismo consistía en introducir mercancías procedentes de Estados Unidos con información alterada: en algunos casos se reportaban volúmenes inferiores a los realmente transportados, en otros se declaraban productos distintos a los que efectivamente ingresaban. Los carros-tanque de ferrocarril, pieza central del esquema, reportaban apenas 10 mil litros por unidad ante las autoridades, cuando en realidad podían transportar hasta 110 mil: solo se declaraba cerca del 10% de la capacidad real.
La FGR investiga además un presunto acuerdo entre integrantes de la red, agentes aduanales y personal de la Secretaría de Marina que habría permitido que los cargamentos evadieran las inspecciones correspondientes. Una vez en territorio nacional, el combustible no declarado se desviaba hacia puntos de conexión ferroviaria conocidos como espuelas, donde era descargado en pipas y tractocamiones de siete empresas y distribuido en instalaciones sin autorización de la autoridad reguladora del sector energético.
El caso ya había generado ruido político: la esposa de Fernando ‘N’ denunció públicamente amenazas contra su familia por la exposición del proceso.
Lo que emerge de esta segunda audiencia no es solo el tamaño del fraude —cuatro mil millones de pesos y ocho estados involucrados— sino la sospecha, todavía no probada, de que la protección al esquema llegó hasta la cúpula de la Marina y hasta un político tabasqueño sin identificar. Que una llamada telefónica pudiera «destrabar» un buque cargado de combustible de contrabando dice más sobre los incentivos que sobre la anécdota: cuando la discrecionalidad institucional vale más que la ley, el contrabando deja de ser un delito marginal y se convierte en una industria paralela con socios dentro del Estado.
La decisión de blindar la audiencia a la prensa, a petición de la propia Fiscalía, tampoco ayuda a disipar dudas sobre la voluntad de transparencia del proceso. Para los contribuyentes que financian la Secretaría de Marina y para las empresas que compiten legalmente en el mercado de combustibles, el mensaje es incómodo: la opacidad judicial y la posible complicidad oficial son, hoy, tan dañinas para el erario como el propio huachicol.
