La Asamblea Nacional francesa podría aprobar de forma definitiva una ley de eutanasia el 15 de julio, tras el rechazo previo del Senado. El escritor Michel Houellebecq eligió ese momento para publicar dos columnas simultáneas —una en Le Figaro y otra en Le Point— en las que reitera su oposición al proyecto y añade un argumento que pocos en el debate oficial se atreven a enunciar con tanta crudeza: el dinero.
«Nadie hablará de dinero: las explicaciones las redactan personas discretas», escribe Houellebecq junto a Laurent Frémont, profesor de Sciences Po y cofundador del colectivo Démocratie, Éthique et Solidarités. «Las cifras, sin embargo, son sencillas: una persona moribunda cuesta dinero, una persona muerta no cuesta nada. Una civilización habría construido hospicios; se aprobará una ley. Es más rápido, casi gratuito, y se denominará un nuevo derecho».
El argumento no es nuevo en Houellebecq. Ya en 2021 publicó en Le Figaro una columna titulada Una civilización que legaliza la eutanasia pierde todo derecho al respeto, y durante el caso del enfermero Vincent Lambert acusó al Estado francés de que la muerte de ese hombre respondía a razones económicas, no médicas ni éticas.
En su texto más reciente, el autor de El mapa y el territorio elabora una crítica de mayor alcance filosófico. Sostiene que la modernidad ha ido eliminando, uno a uno, los espacios que las civilizaciones reservaban a «lo inútil que permanece prohibido» —el domingo, la infancia, la cabecera del moribundo— y que la eutanasia legal representa la liquidación del último de esos territorios sagrados. «Llamamos descivilización a la extinción de la última excepción», escribe.
Sobre el concepto de «dignidad», que sus defensores invocan para justificar el derecho a morir, Houellebecq es directo: reducir al ser humano a «su capacidad de interactuar, al menos a través de la palabra» es una simplificación que él califica de progresista. Y añade que la agonía, lejos de ser un sufrimiento inútil, «es un momento particularmente importante en la vida de un hombre porque le ofrece una última oportunidad».
También cuestiona el carácter irreversible que los «avances sociales» adquieren en los sistemas democráticos contemporáneos. «Cuando se ha producido un avance social —aborto, pena de muerte, matrimonio homosexual, reproducción asistida, gestación subrogada, lo que sea—, no se contempla dar marcha atrás, nadie piensa en ello. Esta petición de principio es antidemocrática», escribe.
La columna en Le Figaro lleva el título El mar ennegrecido por la sangre y contiene quizás su frase más citada de los últimos días: «Al pedir a sus ciudadanos acceso a la eutanasia, Francia está pidiendo su propia eutanasia».
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El debate francés ilustra una tensión que ningún sistema de bienestar expandido logra eludir indefinidamente: cuando el Estado administra la salud de la cuna a la tumba, la decisión sobre cuándo termina una vida deja de ser estrictamente privada. Houellebecq no es un teólogo ni un economista; es un novelista que lleva décadas cartografiando las consecuencias no declaradas de las políticas públicas. Su advertencia —que la compasión como argumento de entrada puede encubrir la contabilidad como motor real— merece ser tomada en serio, no descartada como reaccionarismo literario.
Conviene mirar los incentivos. Un Estado con déficit fiscal estructural que simultáneamente amplía el gasto sanitario y aprueba una vía de salida «casi gratuita» para los pacientes en fase terminal no está ofreciendo solo un derecho: está construyendo una arquitectura de presiones silenciosas. La historia sugiere cautela ante las leyes que se presentan como liberadoras y que, con el tiempo, se vuelven difíciles de no ejercer.
