La Brigada de Homicidios (BH) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sujeto de 20 años en la población Santo Tomás, comuna de La Pintana, como parte de la indagatoria de un homicidio ocurrido el 16 de mayo. El Tribunal decretó su prisión preventiva por riesgo de fuga y peligro para la sociedad.
Según relató el fiscal Cristóbal Salazar, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), cuatro personas a bordo de una camioneta SUV blanca dispararon al menos 39 veces contra la fachada de un inmueble identificado como punto de venta de drogas, «en el contexto de bandas rivales».
El ataque provocó la muerte de un hombre chileno de 35 años, que recibió dos impactos balísticos y falleció en el lugar. «No tenía ningún tipo de vinculación entre las bandas», precisó el fiscal, en referencia a la víctima.
La investigación, que incluyó revisión de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, permitió individualizar a al menos cinco sujetos jóvenes de nacionalidad chilena que abordaban una camioneta con encargo por robo, según explicó la inspectora Paula Salas, de la BH Sur.
El detenido fue formalizado por los delitos de robo con intimidación y homicidio simple. No registraba antecedentes previos, pero según la PDI formaba parte de una banda vinculada a «portonazos» y «encerronas» en La Florida y comunas del sector sur de la capital.
Durante allanamientos simultáneos a domicilios vinculados al imputado y su agrupación, los uniformados incautaron equipos radiales portátiles, una pistola a balines, una pistola de fogueo adaptada para el disparo, y cascos y chalecos de protección balística y cortante.
Según la inspectora Salas, los sujetos imputados en el homicidio pertenecerían a una banda de La Pintana en disputa constante con otra proveniente de la población La Legua, que intentaría asentarse en Santo Tomás. El fiscal Salazar añadió que dos integrantes del grupo mantienen orden de detención vigente y permanecen en calidad de prófugos, mientras un cuarto imputado ya está privado de libertad y será formalizado próximamente por los mismos hechos.
El caso ilustra un patrón que la propia PDI describe con precisión: bandas que combinan microtráfico, robo violento a la propiedad y control de territorio mediante las armas. No se trata de delincuencia dispersa, sino de estructuras con logística —radios, chalecos balísticos, vehículos— y disputas que se resuelven a tiros en zonas residenciales.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el control de una esquina o un punto de venta vale más que la ley, la violencia deja de ser un episodio aislado y se convierte en el mecanismo ordinario de resolución de conflictos. La víctima de este caso no participaba en ninguna disputa: era, en los hechos, un daño colateral de un mercado ilegal que opera con reglas propias en ausencia de instituciones fuertes.
La respuesta policial —cinco brigadas coordinadas, formalización rápida, prisión preventiva— es el tipo de reacción institucional que exige este fenómeno. Pero el dato importa más que el ruido: mientras persistan zonas donde el Estado compite en desventaja con estructuras criminales por el monopolio de la fuerza, la propiedad privada y la seguridad de los vecinos seguirán siendo negociables al mejor postor armado. La historia sugiere cautela ante quienes minimizan el crimen organizado como un problema meramente social; sin orden público no hay mercado ni convivencia posibles.
