La Fiscalía General de Georgia anunció la detención de Giorgi Baramidze por un supuesto delito de alta traición, bajo la acusación de sabotaje. El fiscal general adjunto, Amiran Guluashvili, precisó en rueda de prensa que el ex primer ministro interino en 2007 se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de prisión.
El caso se origina en unas declaraciones hechas en un programa de televisión emitido en julio, en las que Baramidze afirmó que, en la etapa inicial del conflicto armado de 1992-1993 en Abjasia, las Fuerzas Armadas georgianas no tomaron prisioneros y los fusilaron en el acto. Según la Fiscalía, esas palabras perjudicaron la reputación de las Fuerzas de Defensa de Georgia y menoscabaron el honor y la dignidad de los veteranos y militares caídos que participaron en la guerra de Abjasia.
Las autoridades sostienen que esas afirmaciones carecen de fundamento, son fabricadas y dañan los intereses estatales y nacionales de Georgia, su seguridad exterior, su capacidad de defensa y sus instituciones estatales. El Ministerio Público añadió que también dañaron la imagen internacional del país y crearon riesgos legales y políticos, además de poner en peligro el proceso de reconciliación y reconstrucción de la confianza con la población afectada por el conflicto.
Baramidze pertenece al Movimiento Nacional Unido, la principal fuerza de la oposición georgiana, que defiende la integración del país en la Unión Europea. El dato político no es menor: cuando un Estado convierte una disputa sobre la memoria de una guerra en un caso penal de alta traición, el incentivo para el debate público se estrecha de forma severa.
Abjasia, situada en el norte de Georgia, en la frontera con Rusia, rechazó integrarse en el país tras la desintegración de la Unión Soviética y proclamó su autonomía, como ocurrió con Osetia del Sur, algo que Tiflis no aceptó. La tensión derivó en un conflicto armado entre fuerzas separatistas respaldadas por Moscú y el Ejército de Georgia, con más de 10.000 víctimas mortales y el desplazamiento de 300.000 georgianos que vivían en Abjasia.
Conviene mirar los incentivos. Si la respuesta del Estado ante una declaración controvertida es una acusación de traición, la frontera entre la protección de la seguridad nacional y la penalización de la disidencia puede volverse demasiado borrosa. Eso no resuelve la disputa histórica; la traslada al terreno más sensible de todos: el poder de castigar.
Para una democracia que aspira a instituciones sólidas, el estándar debería ser alto, sobre todo cuando están en juego la reputación militar, la memoria de una guerra y la confianza pública. La seguridad del Estado importa, pero también importa que el aparato estatal no convierta el desacuerdo sobre hechos del pasado en un mecanismo de intimidación política.
