El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia emitió un pronunciamiento público en el que expresa su «preocupación institucional» ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en cuestionar los resultados electorales y la legitimidad del presidente electo Abelardo De La Espriella.
El comunicado, citado por la revista Semana, es directo: los oficiales en retiro rechazan los mensajes presidenciales que, según ellos, promueven «el desconocimiento o la desobediencia de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno». No es una advertencia velada. Es un señalamiento formal, con nombre y cargo.
El texto del Cuerpo reitera el respaldo a la Fuerza Pública y a las instituciones de la República, cuya misión constitucional —recuerdan— consiste en «proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades de todos los colombianos». La cita no es retórica: es un recordatorio de dónde reside, en última instancia, la obligación de obediencia.
La postura del Cuerpo añade que «la defensa de la democracia exige preservar la legitimidad de las instituciones, acatar las decisiones adoptadas por las autoridades competentes y garantizar que cualquier diferencia política se resuelva exclusivamente por los cauces constitucionales y legales, fortaleciendo así la gobernabilidad democrática y la unidad nacional».
El contexto importa. Colombia acaba de atravesar un proceso electoral cuyo resultado —la victoria de De La Espriella— Petro ha cuestionado públicamente desde la Presidencia, una posición que los generales y almirantes en retiro califican de contraria a la estabilidad institucional. Que sean militares retirados, y no en activo, quienes salgan a decirlo no reduce el peso del pronunciamiento: el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro representa décadas de carrera institucional y una voz con autoridad moral reconocida en la sociedad colombiana.
El dato importa más que el ruido. Un presidente saliente que desconoce elecciones no es una anomalía menor del ciclo político; es una señal de alerta sobre la solidez de la transición. Que las voces que primero articulan esa alarma provengan del estamento militar —aunque sea en retiro— dice algo sobre el estado del debate civil en Colombia y sobre cuánto espacio ha ocupado el discurso de Petro en el último tramo de su mandato.
Conviene mirar los incentivos. Para el petrismo, sembrar dudas sobre la legitimidad del sucesor prolonga la influencia política más allá del 7 de agosto. Para las instituciones —Fuerza Pública, poderes del Estado, organismos electorales—, permitir que ese relato se instale sin respuesta equivale a ceder terreno en el único activo que no se recupera fácilmente: la confianza en las reglas del juego. El pronunciamiento de los generales y almirantes en retiro es, en ese sentido, una intervención oportuna. La pregunta que Colombia deberá responder en las próximas semanas es si las instituciones civiles acompañarán ese mensaje con la misma claridad.
