El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) celebró este viernes los «avances anunciados en la hoja de ruta» tras el acuerdo para el desarme de Hamás y otros grupos armados palestinos, anunciado por el presidente Donald Trump como parte de su plan de paz para la Franja de Gaza.
El organismo, integrado por tecnócratas palestinos y llamado a administrar el enclave según el acuerdo de alto el fuego, describió el momento como «un punto de inflexión significativo para los residentes de la Franja de Gaza». En su comunicado, subrayó que «el principal desafío reside en traducir los entendimientos y acuerdos en logros tangibles que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos».
El NCAG afirmó su «plena disposición» para asumir responsabilidades de gobierno y señaló haber completado en los últimos meses «un paquete integral de preparativos institucionales y operativos». Sus funciones se enmarcan en el plan de Trump y en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, y el comité se comprometió a gestionar los asuntos del enclave «de acuerdo con los principios de eficiencia y transparencia».
Trump describió el proceso de desarme como «histórico» y detalló que se desarrollará por fases: una vez completado, las fuerzas israelíes se retirarían y una Fuerza Internacional de Estabilización colaboraría con una nueva policía palestina, dejando Gaza bajo el control de «un nuevo gobierno palestino».
Hamás, por su parte, confirmó el acuerdo pero introdujo una condición explícita: el pacto recoge, según el movimiento, «la obligación» de Israel de retirarse de la Franja, y «si no cumple, ellos tampoco lo cumplirán». El negociador Ghazi Hamad precisó en declaraciones a medios árabes que el almacenamiento de armas estará bajo supervisión del NCAG y que Israel «no tendrá ninguna participación en él».
El NCAG insistió, además, en que el éxito de esta fase «requiere una alianza nacional efectiva y la plena cooperación de todas las partes palestinas, junto con la coordinación con los organismos locales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil».
Conviene mirar los incentivos. El acuerdo, tal como está planteado, pivota sobre un supuesto de buena fe recíproca difícil de verificar en el corto plazo: Hamás condiciona su desarme a una retirada israelí cuyo calendario no ha sido detallado públicamente, mientras que Israel no ha confirmado los términos que el movimiento atribuye al pacto. La arquitectura descrita por Trump —desarme por fases, fuerza internacional de estabilización, nuevo gobierno palestino— es ambiciosa y, si se sostiene, representaría un reordenamiento real del enclave. Pero la historia de los procesos de paz en la región sugiere cautela: los comunicados celebratorios abundan; los mecanismos de verificación, mucho menos.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego no es solo la gobernanza de Gaza, sino la credibilidad del modelo que Washington propone para el día después: administración civil, sector privado y orden antes que vacío de poder. Si el NCAG logra operar con la transparencia que promete y el desarme avanza de forma verificable, Trump podrá presentar un resultado concreto en una región donde los resultados concretos escasean. Si la condición impuesta por Hamás bloquea el proceso, el costo político recaerá sobre todos los firmantes, incluido el comité que hoy celebra avances.
