El 24 de junio, dos terremotos sucesivos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron la región centro-norte de Venezuela. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el saldo es devastador: más de 5.000 víctimas mortales, más de 16.700 heridos y 1,3 millones de personas afectadas.
Un mes después de la tragedia, la respuesta humanitaria transita de la emergencia inmediata —agua, alimentos, refugio temporal— hacia la fase de reconstrucción. En ese contexto, la Fundación «la Caixa» anunció el pasado 24 de julio su compromiso de aportar hasta un millón de euros para las zonas damnificadas.
El mecanismo es un esquema de igualación de donaciones: la fundación española duplicará, euro por euro, las aportaciones que particulares y entidades realicen al Comité de Emergencia Español o a UNICEF España a través del portal donareconstruccionvenezuela.org. El techo es de 500.000 euros por cada organismo receptor, y la campaña permanecerá activa durante un año a partir de su lanzamiento.
El Comité de Emergencia Español está integrado por Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision. Los fondos recaudados se destinarán a la rehabilitación de infraestructuras básicas y viviendas, la reactivación económica de las familias, la instalación de aulas provisionales con dotación de material escolar, y la atención comunitaria con apoyo psicosocial.
El dato importa más que el ruido. Un esquema de igualación como el diseñado por «la Caixa» tiene una virtud concreta: apalanca capital privado sin depender exclusivamente de la voluntad de los gobiernos. Cada euro donado por un ciudadano o una empresa se convierte en dos euros de ayuda efectiva, lo que maximiza el impacto sin incrementar el gasto público ni crear dependencia burocrática de largo plazo.
Conviene mirar los incentivos. Venezuela llega a esta catástrofe natural con una infraestructura ya deteriorada por años de gestión estatal deficiente y con una economía que dificulta la recuperación autónoma de las familias. La reconstrucción será lenta y costosa en el mejor de los escenarios. Que la respuesta más articulada provenga de la sociedad civil organizada —fundaciones, ONG y donantes privados— y no de los aparatos estatales dice algo sobre dónde reside hoy la capacidad real de acción. El éxito de esta iniciativa dependerá, en última instancia, de que los fondos lleguen a las comunidades sin ser absorbidos por las capas intermedias de un Estado que, históricamente, ha demostrado escasa eficiencia en la gestión de la ayuda humanitaria.
