La Embajada de Francia en España hizo pública este lunes su posición: el gobierno de Emmanuel Macron no suscribió la carta firmada por 22 países de la Unión Europea sobre la crisis migratoria en Ceuta porque, según fuentes de la legación, el documento «no aportaba ninguna solidaridad concreta a España y tenía como objetivo principal instrumentalizar la oleada migratoria en Ceuta en contra del Gobierno español».
La carta fue impulsada por Italia y reunió a 22 Estados miembros. Su texto vinculaba la crisis en la ciudad autónoma con la reciente sentencia del Tribunal Supremo español que confirmó que la legislación de extranjería no permite las llamadas devoluciones en caliente. Según los firmantes, esa resolución habría sido utilizada para «desencadenar este ataque» y «abusar» del sistema europeo de migración y asilo.
Francia, sin embargo, rechazó ese encuadre. La Embajada argumentó que la carta «ignora deliberadamente» que Ceuta no se beneficia de la libre circulación del espacio Schengen hacia el resto de la Unión, y que «ningún migrante ha llegado al resto de la Unión desde Ceuta con motivo de esta crisis puntual». El argumento de fondo: si no hay derrame hacia territorio comunitario, la urgencia invocada por Roma carece de base empírica.
El dato central que esgrime París es elocuente: 48.300 migrantes —el 96% de los que cruzaron desde Marruecos— regresaron a territorio marroquí en un plazo de 24 horas. Para la Embajada, esa cifra demuestra que las autoridades españolas han acreditado «capacidades» para «garantizar los retornos de conformidad con el marco normativo de la Unión».
El Gobierno francés también reprochó a los firmantes ignorar la «solidaridad mostrada por la Unión, incluida España, durante episodios difíciles de oleadas migratorias puntuales en la frontera entre Polonia y Bielorrusia en 2021 o en Lampedusa en 2023». La misiva, añadió, tampoco se enmarca «en el equilibrio fundamental entre solidaridad y responsabilidad en el que se basa el Pacto sobre Asilo y Migración, que entró en vigor el pasado 12 de junio».
En paralelo, París adoptó medidas concretas: desplegó cuatro unidades de fuerzas móviles, aviones y drones para reforzar los controles en la frontera franco-española desde las primeras horas. Macron, además, propuso el viernes al presidente Pedro Sánchez convocar una reunión de ministros del Interior del bloque —petición que también figuraba en la carta de los 22, aunque con distinto tono.
Frente a «comentarios alejados de los hechos o posturas que rozan la instrumentalización», la Embajada resumió su postura en una fórmula: «la eficacia y la cooperación en lugar de por una postura simbólica».
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Conviene mirar los incentivos. La fractura entre Francia y los 22 firmantes no es solo una disputa de procedimiento: revela dos lógicas distintas dentro de la UE. Una, liderada por Italia, que apuesta por presionar a los gobiernos nacionales mediante la visibilidad política de una crisis; otra, representada aquí por París, que prefiere gestionar los flujos con herramientas operativas —Frontex, controles bilaterales— sin escalar el conflicto diplomático.
El dato importa más que el ruido. Si el 96% de los migrantes retornó en 24 horas, la magnitud real del desafío institucional es distinta a la que sugiere el tono de la carta. Lo que queda sobre la mesa es una pregunta más incómoda: si el instrumento jurídico —la sentencia sobre devoluciones en caliente— es el verdadero nudo del debate, el foro adecuado no es una carta de capitales, sino una reforma legislativa o una aclaración normativa a escala europea. La historia sugiere cautela ante los gestos que sustituyen a las decisiones.
