Un tribunal de apelaciones en París confirmó el martes la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos del Parlamento Europeo, pero rebajó de forma significativa la pena de inhabilitación que le impedía presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. La decisión abre un escenario político inédito en Francia, aunque no lo cierra del todo.
El fallo original de marzo de 2025 había fijado cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato, lo que bloqueaba la candidatura de Le Pen al Elíseo. El tribunal de apelaciones redujo esa prohibición a 45 meses, de los cuales 30 son condicionales, lo que equivale a 15 meses de inhabilitación efectiva. Dado el tiempo ya cumplido desde la sentencia original, Le Pen queda jurídicamente habilitada para competir en abril de 2027.
Sin embargo, el tribunal también la condenó a tres años de prisión: dos suspendidos y uno que deberá cumplir en su domicilio con brazalete electrónico. Esa condición —no la inhabilitación— es ahora el principal obstáculo práctico. La propia Le Pen había señalado antes del fallo que no se presentaría bajo vigilancia electrónica, argumentando que ello socavaría su legitimidad como candidata.
La condena original se derivó de un esquema por el cual figuras de la Agrupación Nacional (RN) utilizaron fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios para pagar en cambio a personal del partido en Francia. Los jueces de 2025 determinaron que Le Pen había desempeñado un papel central en la trama, conclusión que ella ha rebatido de manera sistemática. Le Pen fue diputada al Parlamento Europeo entre 2004 y 2017. La cifra total de indemnización al Parlamento de la UE asciende a más de 2 millones de dólares entre todos los condenados; Le Pen enfrenta además una multa individual de casi 115.000 dólares.
La sentencia desencadenó de inmediato el debate interno en el RN, partido que lleva meses preparando dos escenarios: uno liderado por Le Pen y otro por Jordan Bardella, presidente del partido desde 2022 y su protegido político. Bardella, de 30 años, ha sostenido que se prepara para ser primer ministro de Le Pen, no para sustituirla. Pero algunas encuestas recientes sugieren que obtendría mejores resultados que ella en la primera vuelta. A menos de diez meses de las elecciones, Le Pen lidera los sondeos; si renuncia, Bardella heredaría esa posición de partida.
Esta noche, Le Pen tiene prevista una entrevista en horario de máxima audiencia en TF1 donde podría anunciar su decisión. «Pase lo que pase, no voy a morir; pase lo que pase, seguiré luchando por mis ideas», declaró antes del veredicto al canal LCI.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego no es solo el futuro de una política, sino la arquitectura del sistema de partidos francés en vísperas de una elección que podría alterar el equilibrio europeo. La reducción de la inhabilitación es una señal de que el tribunal de apelaciones consideró excesiva la pena original; la condena en sí, sin embargo, se mantuvo intacta. Quienes acusaron al poder judicial de interferir en la competencia democrática verán en el fallo una corrección parcial; quienes argumentan que los cargos electos deben responder ante la ley como cualquier ciudadano señalarán que la culpabilidad no fue revertida.
Conviene mirar los incentivos. Si Le Pen cede su candidatura a Bardella, el RN no pierde el activo electoral; lo transfiere. La derecha soberanista francesa llega a 2027 con viento a favor en las encuestas independientemente de quién encabece la papeleta. La pregunta relevante para los mercados y las cancillerías europeas no es si Le Pen lleva brazalete, sino qué programa de gobierno presentará el partido que hoy lidera las intenciones de voto en la quinta economía del mundo.
