El Parlamento de Francia aprobó este martes de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, convirtiendo al país en el primero de Europa en establecer una restricción general de este tipo.
El texto recibió el respaldo del Senado por 243 votos a favor y 2 en contra. Horas más tarde, la Asamblea Nacional lo ratificó con 279 votos a favor y 81 en contra, culminando varios meses de tramitación parlamentaria.
El presidente Emmanuel Macron celebró la decisión en un video publicado en sus redes sociales. «Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante», escribió, recordando que se trataba de uno de sus compromisos de mandato. Señaló que ahora corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la norma antes de su aplicación efectiva.
La ley establece que ningún menor de 15 años podrá acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales. Quedan excluidos de la prohibición determinados portales, como las enciclopedias en línea —Wikipedia figura expresamente— y las plataformas de desarrollo y distribución de software libre.
El texto no fija un sistema concreto de verificación de edad. La responsabilidad recae sobre las propias plataformas —Facebook y TikTok entre ellas— para implantar los mecanismos de comprobación que consideren adecuados. El Gobierno prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre para las nuevas cuentas. Las cuentas ya existentes dispondrán de un periodo transitorio de cuatro meses, con aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2027.
La norma también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, extendiendo una restricción que hasta ahora se aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria. Los centros podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.
La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, afirmó ante el Senado que Francia es pionera en Europa al establecer una mayoría digital de 15 años, y aseguró que una coalición de quince países europeos, entre ellos España, estudia incorporar una regulación similar. A escala global, Australia fue el primer país del mundo en aprobar una restricción semejante, aunque fijada en los menores de 16 años.
Conviene mirar los incentivos. La norma transfiere a las plataformas la carga de cumplimiento sin definir el estándar técnico: una decisión que abre espacio a la litigiosidad y que, en la práctica, favorecerá a los actores con mayor capacidad legal y tecnológica frente a los más pequeños. El mercado digital europeo, ya sometido a capas sucesivas de regulación, absorberá otro coste de entrada que los grandes operadores pueden asumir y los competidores emergentes, difícilmente.
El dato importa más que el ruido. Detrás del consenso político —las mayorías en ambas cámaras fueron amplias— hay una pregunta sin responder: quién verifica al verificador. Sin un estándar técnico obligatorio y sin que el Consejo Constitucional haya dado luz verde, la ley es todavía una promesa. La historia sugiere cautela ante las regulaciones que delegan en la empresa privada una obligación pública sin definir sus contornos.
