El Parlamento francés votará este martes 21 de julio la versión definitiva de una ley que prohíbe a los menores de 15 años el acceso a redes sociales en línea. Diputados y senadores alcanzaron el lunes un acuerdo sobre el mecanismo de aplicación, allanando el camino para que la norma entre en vigor en septiembre, al regreso del año escolar.
La ministra delegada de Sector Digital, Anne Le Hénanff, celebró el acuerdo en X con una declaración directa: «Mañana, Francia será el primer país de Europa en instaurar una mayoría digital para proteger mejor a nuestros niños en línea».
El texto acordado por siete senadores y siete diputados prohíbe de forma general a los menores de 15 años el «acceso a un servicio de red social en línea», con excepciones previstas para recursos como enciclopedias digitales. Los parlamentarios adoptaron la formulación de la Asamblea Nacional por encima de la propuesta del Senado, que planteaba una «lista negra» de plataformas prohibidas. La senadora centrista Catherine Morin-Desailly reconoció que esta última opción hubiera requerido más tiempo para poner en marcha la prohibición.
La ley también extiende la prohibición de teléfonos celulares a los liceos, donde hasta ahora no regía la restricción ya vigente en escuelas y centros de primer ciclo de secundaria.
El presidente Emmanuel Macron ha convertido la protección de menores en entornos digitales en uno de los hitos declarados de su segundo mandato, que concluye en mayo de 2027. La presión sobre los legisladores europeos se intensificó tras la decisión de Australia de convertirse en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a menores de 16 años. El Reino Unido aprobó una medida similar para ese mismo grupo de edad, aunque no entrará en vigor hasta inicios de 2027. La semana pasada, la Comisión Europea anunció que estudia establecer un acceso «progresivo y gradual» de niños y adolescentes a las plataformas digitales.
Lo que está en juego
Conviene mirar los incentivos. La iniciativa de Macron llega cuando su popularidad atraviesa un tramo difícil y el debate sobre la infancia digital ofrece un terreno de consenso transversal. Eso no invalida la medida, pero sí obliga a examinar quién carga con los costos de implementación: serán las plataformas —y, en última instancia, sus usuarios— quienes deban desarrollar y costear los sistemas de verificación de edad. La experiencia de regulaciones similares en otros países sugiere que los mecanismos de verificación plantean riesgos propios sobre privacidad y que la elusión técnica está al alcance de cualquier adolescente motivado.
El dato importa más que el ruido. Francia no está resolviendo la pregunta de fondo —si corresponde al Estado o a las familias fijar los límites del consumo digital de los menores— sino que la está zanjando por decreto. Esa elección tiene un precio en libertad individual y en responsabilidad parental que el debate parlamentario apenas ha rozado. La historia sugiere cautela ante leyes que delegan en el aparato estatal decisiones que pertenecen al hogar.
