Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales, tras la aprobación parlamentaria de una legislación que obliga a las plataformas digitales a bloquear a los usuarios jóvenes mediante sistemas de verificación de edad.
«Las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años a partir del regreso a clases», escribió el presidente Emmanuel Macron en su cuenta de X el martes, agradeciendo a los parlamentarios por el respaldo y señalando que corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse antes de que la medida entre en vigor.
Según informó la BBC, el plan de implementación contempla dos etapas. A partir de septiembre, la ley impedirá a los menores de 15 años crear nuevas cuentas en redes sociales. Desde enero de 2027, la exigencia se extenderá a las cuentas existentes: todos los usuarios en Francia deberán verificar que tienen al menos 15 años.
Un movimiento con eco global
Francia no actúa en el vacío. Australia fue el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años —el año pasado—, con una normativa que exige a las plataformas tomar medidas razonables para impedir que niños por debajo de esa edad creen o mantengan cuentas. El Reino Unido, por su parte, planea introducir reglas similares el año próximo, según informó CNN. España, Grecia y Dinamarca también estudian requisitos de edad mínima.
El dato importa más que el ruido: en menos de dos años, tres democracias de primer orden han convertido la restricción de redes sociales para menores en política pública concreta, y al menos tres más avanzan en esa dirección.
El argumento central en todos los casos es la salud mental infantil. El psicólogo social Jonathan Haidt, citado en el contexto del debate australiano, señaló que la prohibición en ese país elevó el tiempo en familia un 30% y mejoró el sueño y la concentración de los jóvenes, y abogó por la adopción global de medidas similares, subrayando que el apoyo gubernamental es crucial para los padres que luchan por gestionar la vida digital de sus hijos.
El principio en disputa
La medida francesa es, en términos técnicos, una restricción regulatoria de calado: obliga a empresas privadas a rediseñar sus sistemas de acceso bajo amenaza implícita de sanción, y delega en el Estado la función de tutela que durante siglos correspondió a las familias.
Conviene mirar los incentivos. Los gobiernos que impulsan estas leyes ganan capital político con un electorado preocupado por el bienestar infantil; las plataformas afrontan costos de cumplimiento y riesgos de fragmentación regulatoria si cada país fija umbrales distintos —15 años en Francia, 16 en Australia y posiblemente en el Reino Unido—. Y los padres, en teoría los primeros responsables, quedan convertidos en beneficiarios pasivos de una decisión burocrática.
El debate de fondo no es si las redes sociales dañan a los niños —la evidencia acumulada apunta en esa dirección— sino quién debe actuar y cómo. Una verificación de edad obligatoria implica, inevitablemente, que las plataformas recopilen y procesen datos de identidad de millones de usuarios, con los riesgos de privacidad que eso conlleva. La historia sugiere cautela: las soluciones regulatorias de amplio espectro suelen generar efectos secundarios que el legislador no anticipó.
Lo que Francia ha hecho es fijar un umbral político en Europa. Si el Consejo Constitucional avala la ley, el resto de la UE tendrá un precedente doméstico difícil de ignorar.
