El Parlamento francés aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece el derecho a la «ayuda a morir», permitiendo a ciertos pacientes acceder a la muerte asistida o eutanasia. La Asamblea Nacional dio luz verde al texto por 291 votos a favor frente a 241 en contra, en una votación que el impulsor de la iniciativa, Olivier Falorni, calificó como «la culminación de una lucha» tras «14 años de batallas parlamentarias sobre este tema».
La ley, defendida por el presidente Emmanuel Macron desde su reelección en 2022, reserva el derecho únicamente a adultos con una enfermedad incurable que puedan expresar su voluntad de manera «libre e informada» y que sufran físicamente de forma resistente al tratamiento o, a juicio del propio paciente, insoportable. Un médico verificará el cumplimiento de los requisitos y un comité evaluará los criterios; en última instancia, el médico toma la decisión final. El propio paciente se administrará la sustancia letal, salvo impedimento físico. El consentimiento puede retirarse en cualquier momento.
Con esta aprobación, Francia se suma a un grupo de países que autorizan la muerte asistida, entre ellos Bélgica, Países Bajos, España, Suiza, Canadá y Uruguay.
El camino legislativo no concluye aquí. El primer ministro Sébastien Lecornu ha solicitado al Consejo Constitucional —la máxima autoridad constitucional, cuyas decisiones son vinculantes— que examine la legislación. Ese órgano puede, en casos extremos, declarar inválida toda la ley o formular reservas sobre partes de ella. El Senado, donde los conservadores de Los Republicanos son mayoría, ya había rechazado el texto; el gobierno recurrió entonces a la prerrogativa constitucional de dar la última palabra a la cámara baja.
La oposición es amplia y heterogénea. El diputado Christophe Bentz, de Agrupación Nacional, advirtió que el texto es «muy peligroso» y conlleva riesgo de «abusos». Grupos religiosos y organizaciones antiaborto protestaron frente a la Asamblea Nacional durante la votación. También se oponen algunos organismos científicos y agrupaciones de personas con discapacidad, que temen verse presionadas a solicitar la eutanasia. Manifestantes del llamado «Frente de Izquierda Anticapacitista» portaban pancartas con el lema «eutanasia = ahorro de costos», señalando la tensión entre el discurso de la dignidad y las presiones estructurales sobre el sistema sanitario público.
La diputada de centroderecha y exministra de Salud Agnès Firmin Le Bodo defendió que la ley «se aprobará porque es equilibrada».
Macron había prometido esta reforma al ser reelegido. El gobierno la presenta como una de las transformaciones sociales más relevantes desde la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2012.
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Conviene mirar los incentivos. La advertencia que proviene de los propios colectivos de discapacitados —y no solo de sectores religiosos o conservadores— merece atención: cuando el Estado administra un sistema sanitario bajo presión fiscal crónica, la frontera entre el derecho individual a morir y la presión institucional para morir se vuelve más porosa de lo que los textos legales admiten. El dato importa más que el ruido: el Senado rechazó la ley, los organismos científicos expresaron reservas y el propio jefe de gobierno recurrió al Consejo Constitucional antes de que el texto entre en vigor. Esas cautelas institucionales no son ruido político; son señales de que el debate sobre los límites del Estado sobre la vida humana está lejos de cerrarse en Francia.
