La Asamblea Nacional francesa aprobó este miércoles, en votación definitiva de tercera lectura, la ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y grandes niveles de sufrimiento. El texto obtuvo 291 votos a favor y 241 en contra.
El recorrido legislativo fue largo y accidentado. Desde 2025, la iniciativa recibió en dos ocasiones el aval de los diputados, pero fue tumbada en otras dos por el Senado, de mayoría conservadora. La tercera lectura en la Cámara baja resultó definitiva y cerró ese ciclo.
El proyecto había sido impulsado a finales de 2024 por el presidente Emmanuel Macron como uno de los objetivos sociales de su segundo y último mandato, que concluye en mayo de 2027. El texto fue presentado por el diputado Olivier Falorni, de la izquierda independiente y alcalde de La Rochelle, e introduce en Francia el derecho a la «ayuda a morir».
Según la ley aprobada, ese derecho debe ser ejercido por la propia persona; excepcionalmente, si está físicamente incapacitada, puede intervenir un médico o enfermero. Las condiciones exigen ser mayor de edad y tener nacionalidad francesa o residencia en el país, padecer una enfermedad grave e incurable con pronóstico vital comprometido en fase avanzada o terminal, y experimentar un sufrimiento físico o psicológico insoportable que no pueda aliviarse. El sufrimiento puramente psicológico sin patología física grave subyacente no da acceso al derecho. El paciente debe contar con plena capacidad de discernimiento, formalizar la solicitud por escrito y someterse a una evaluación colegiada. El médico dispone de 15 días para responder y, si aprueba la solicitud, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de dos días.
Ese plazo de reflexión es precisamente uno de los puntos más controvertidos. El gobierno, en un comunicado, justificó la remisión al Consejo Constitucional señalando que el examen en el Senado «no permitió un análisis igualmente exhaustivo» y que espera que la intervención del Constitucional aporte «las aclaraciones necesarias» para garantizar el respeto a los principios constitucionales, en particular la dignidad humana y la libertad personal. El primer ministro Sébastien Lecornu, nombrado por Macron, tiene dudas sobre varias partes del texto, entre ellas ese periodo de dos días. El gobierno también consultará al Constitucional sobre las disposiciones aplicables a adultos bajo tutela o protección judicial y sobre la articulación entre la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios y los establecimientos que excluyen la «ayuda a morir» de su misión.
El presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, había anunciado previamente su propia intención de recurrir al Constitucional una vez aprobada la ley. Macron, por su parte, publicó en X que «los recursos ante el Consejo Constitucional seguirán su curso conforme a los principios de nuestro Estado de derecho». La Iglesia católica francesa calificó la norma de «ruptura grave» en la historia del país y advirtió de que «se vislumbran los efectos de una legislación» que cambiará la relación «con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad o la enfermedad».
Conviene mirar los incentivos. Una ley aprobada con mayoría simple en la Cámara baja, rechazada dos veces por el Senado y remitida al Constitucional por el propio gobierno que la promovió no es exactamente un consenso social sólido: es una victoria legislativa frágil. El dato importa más que el ruido: el Senado conservador, la Iglesia y el presidente del Senado han abierto frentes simultáneos que podrían modificar o suspender partes sustanciales del texto antes de su entrada en vigor. Francia se suma así a un debate que otros países europeos ya libran con creciente tensión entre la autonomía individual y la protección de los más vulnerables. La historia sugiere cautela: las legislaciones que amplían poderes sobre la vida y la muerte rara vez permanecen estáticas una vez promulgadas.
