La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, confirmó este lunes que el proyecto de ley sobre gobernanza del deporte profesional —cuya aprobación definitiva está prevista para el 21 de julio— incluye un mecanismo de excepción al tope salarial establecido para las federaciones deportivas. La declaración despeja, al menos en parte, el principal obstáculo regulatorio para la contratación de Zinedine Zidane como sucesor de Didier Deschamps al frente de la selección de Francia.
La norma, impulsada por dos senadores y no por el Ejecutivo, obliga a las federaciones a comunicar al Ministerio de Deportes las remuneraciones más elevadas y a solicitar autorización para aquellos salarios que superen los 450.000 euros brutos anuales. Ferrari subrayó que el texto aprobado por el Parlamento contempla una «posible exención concedida por el Ministerio de Deportes para poder superar ese límite salarial».
La ministra fue explícita en su desacuerdo con la limitación: «No creo que corresponda al Estado intervenir en la remuneración de una organización privada» como la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Recordó que la federación dispone de recursos propios para fijar la retribución de sus responsables deportivos y rechazó las informaciones que apuntaban a que la nueva normativa bloquearía cualquier oferta competitiva. «Estoy leyendo muchas cosas y muchas son falsas», declaró en una entrevista a la emisora RTL.
Sin confirmar si el Gobierno cuenta con información sobre la contratación de Zidane, Ferrari sí afirmó que «cuando se tiene la oportunidad de contar con alguien con tanto talento, hay que aprovecharla para la selección francesa». La frase, pronunciada sin mencionar al excentrocampista por su nombre, difícilmente admite otra lectura en el contexto actual.
Según informó L'Équipe, Zidane asumiría el cargo el próximo 1 de septiembre, una vez concluida oficialmente la etapa de 14 años de Deschamps al frente del equipo nacional.
El episodio ilustra una tensión recurrente en los sistemas donde el Estado extiende su regulación hacia organismos formalmente privados. La FFF no es una dependencia del gobierno francés; sus ingresos, sus contratos y sus decisiones deportivas corresponden a su propia gobernanza. Que una ley parlamentaria obligue a una federación a pedir permiso ministerial para fijar el salario de su entrenador —y que la solución sea una «exención» discrecional del propio ministerio— es precisamente el tipo de arquitectura regulatoria que genera incertidumbre y costos de transacción innecesarios.
Conviene mirar los incentivos. Si la excepción depende de la voluntad del Ministerio de Deportes, el precio real del fichaje no es solo el salario de Zidane: es también la exposición política de la federación ante cada renovación de esa autorización. El libre mercado laboral —incluso en el fútbol— funciona mejor sin intermediarios que otorgan y retiran permisos según el viento político. La ministra Ferrari, al menos, parece saberlo.
