Ron DeSantis concluirá su segunda administración como gobernador de Florida el 5 de enero de 2027, fecha fijada por la Constitución estatal como el primer martes de enero posterior a las elecciones generales de 2026. Ese día tomará posesión quien resulte electo en los comicios de noviembre de ese año.
La razón es estrictamente constitucional. El Artículo IV de la Constitución de Florida prohíbe que una persona sea elegida para un tercer mandato consecutivo como gobernador. La disposición establece que quien haya ocupado el cargo durante más de seis años en dos períodos consecutivos queda impedido de competir de inmediato por una nueva gestión. DeSantis asumió el 8 de enero de 2019, ganó la reelección en 2022 con una amplia ventaja y quedó alcanzado por esa limitación. No hay margen legal para una excepción.
Florida se suma así al grupo de estados que aplican restricciones a sus máximas autoridades ejecutivas, una arquitectura institucional pensada para garantizar la alternancia y evitar la concentración prolongada del poder en una sola figura. La norma es, en ese sentido, un mecanismo de equilibrio, no un castigo.
Durante sus dos períodos, DeSantis construyó un perfil que excedió con creces los límites de la gestión estatal. Sus medidas en materia migratoria y su disposición a confrontar al establishment federal le dieron proyección nacional —y lo convirtieron, durante un tiempo, en el retador más serio de Donald Trump dentro del Partido Republicano—. Ese capital político no desaparece el 5 de enero de 2027; simplemente cambia de sede.
Lo que sí cambia es el mapa de poder en Tallahassee. Florida es el tercer estado más poblado de Estados Unidos y uno de los campos de batalla electorales con mayor peso en el Colegio Electoral. Quien herede el cargo heredará también una economía que ha funcionado como imán de empresas y contribuyentes que huyeron de la presión fiscal de estados como California o Nueva York. Mantener ese diferencial competitivo —baja carga impositiva, entorno regulatorio favorable, clima de negocios predecible— será la prueba de fuego para el sucesor.
Las elecciones de noviembre de 2026 definirán si el Partido Republicano logra retener la gobernación o si los demócratas aprovechan la ausencia de DeSantis para recuperar terreno en un estado que, hace apenas una década, era considerado genuinamente disputado.
Conviene mirar los incentivos. Para el Partido Republicano, perder Florida significaría perder el argumento más sólido de que el modelo de gobierno limitado, baja tributación y orden público produce resultados medibles. Para los demócratas, la gobernación sería una plataforma desde la cual revertir políticas que incomodan a las burocracias progresistas, pero que han demostrado ser populares entre votantes que priorizan el bolsillo y la seguridad.
El dato importa más que el ruido: Florida crece, atrae capital y genera empleo bajo un esquema de libre empresa que muchos otros estados han abandonado. El verdadero debate de 2026 no es quién reemplaza a DeSantis, sino si el modelo que él representó sobrevive a su salida.
