Laura Sarabia no habría cerrado un acuerdo con la Fiscalía antes de la audiencia de imputación fijada para el lunes 14 de septiembre, a partir de las 9:00 a. m. Según la información divulgada por Semana y retomada por Infobae Colombia, la exfuncionaria sostuvo una reunión con delegados del ente acusador para evaluar un eventual trato, pero la respuesta habría sido negativa.
Con eso, la Fiscalía continuará con la imputación contra Sarabia, que quedará formalmente vinculada al caso denunciado por Marelbys Meza. En esta etapa, la exdiplomática deberá responder por los presuntos delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal, calificaciones que reemplazaron otras más graves y que, además, incluyen el tema de las interceptaciones ilegales que también sufrió Meza.
La causa se originó tras la denuncia de Meza, quien trabajaba como niñera de la entonces jefa de gabinete. En diálogo con Semana a principios de junio de 2023, relató que fue trasladada a dependencias policiales y sometida a una prueba de polígrafo en un edificio contiguo a la residencia presidencial, luego de la desaparición de una suma de dinero de la residencia de Sarabia.
La Fiscalía, de acuerdo con lo divulgado, habría planteado dos vías antes de la audiencia. La primera consistía en una aceptación de cargos, una fórmula que podría reducir la pena eventualmente impuesta por un juez. La segunda era un principio de oportunidad, que exige colaboración con la justicia y entrega de información sobre otros posibles responsables.
En ese marco, el ente acusador buscaría establecer si hubo más personas involucradas en la presunta persecución contra Meza y en la prueba de polígrafo que no se habría ajustado a la legalidad. También se señalaría que Sarabia, por su posición dentro de la Casa de Nariño, habría tenido capacidad para dar instrucciones a funcionarios subordinados, y que habría «instigado al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago» para autorizar el uso de recursos estatales en actuaciones relacionadas con Meza.
El expediente, además, menciona la intervención de miembros de la Policía Nacional y vincula el caso con la muerte del coronel Óscar Dávila, aunque la imputación anunciada para Sarabia se concentra en los hechos relacionados con Meza, el uso de recursos públicos y la prueba de polígrafo. Sarabia ha indicado ser inocente de los cargos señalados.
La discusión importa más allá del caso personal. Cuando un conflicto termina con recursos del Estado, instrucciones de subordinados y actuaciones policiales bajo sospecha, el problema ya no es solo jurídico: es de incentivos y de límites al poder. Conviene mirar los incentivos. Si la cadena de decisiones queda sin escrutinio, el aparato estatal termina operando como extensión de intereses particulares, no como garantía de igualdad ante la ley.
Por eso, la imputación no solo define el futuro de Sarabia. También prueba si las instituciones están dispuestas a imponer reglas parejas a quienes orbitan cerca del poder. En una democracia seria, el dinero de los contribuyentes, la Policía Nacional y la justicia no pueden convertirse en herramientas de blindaje político ni de presión privada.
