El cuerpo de Nahuel Benjamín Godoy, de 12 años, fue hallado en la madrugada del domingo en una vivienda de la calle Río Negro al 1800, en Rafael Calzada, partido bonaerense de Almirante Brown. Efectivos de la Comisaría 3ª acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona fallecida.
Los policías encontraron al niño recostado sobre su cama, con múltiples golpes en el rostro. Personal del SAME de la provincia de Buenos Aires constató el fallecimiento y estimó que la muerte se había producido al menos ocho horas antes del hallazgo. La autopsia preliminar registró un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un edema en el lado derecho del rostro; las primeras pericias indican que la causa de muerte habría sido asfixia mediante ahorcamiento, aunque el informe forense definitivo está pendiente.
Horas después del hallazgo, Néstor Rubén Godoy, de 41 años y padre del menor, se presentó voluntariamente en la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora y admitió haber cometido el crimen. Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N°17, a cargo de la fiscal Marcela Juan, quedó detenido bajo la carátula de «homicidio» y deberá prestar declaración en las próximas horas.
El niño, quien según publicaciones del propio padre en redes sociales tenía autismo, vivía habitualmente con su madre, Cristina Mónica R., en el partido de Lanús. El régimen de visitas establecido permitía a Godoy retirar a su hijo los viernes y devolverlo los domingos. El crimen ocurrió durante uno de esos fines de semana.
El dato que más pesa en este caso no es procesal: es institucional. Según declaró la madre ante las autoridades, 48 horas antes del crimen se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Lanús para solicitar medidas de protección para ella y su hijo. Afirmó que Godoy la amenazaba con matar al niño para «vengarse de ella». Según su testimonio, no le tomaron la denuncia y le pidieron que se retirara del lugar. El cuerpo de Nahuel apareció dos días después.
El aparato de protección a víctimas, dotado de protocolos, recursos y personal específico, no procesó una señal de alerta directa. Si la versión de la madre se confirma, no se trataría de un fallo burocrático menor: sería la diferencia entre una denuncia atendida y una vida.
Conviene mirar los incentivos. Las instituciones de seguridad y justicia responden a los estímulos que el sistema les genera: cuando ignorar una denuncia no tiene consecuencias para quien la ignora, el costo recae íntegramente sobre la víctima. El caso de Nahuel Godoy plantea una pregunta que el Estado bonaerense deberá responder con hechos, no con comunicados: ¿qué ocurrió en esa comisaría, quién atendió a esa madre y bajo qué criterio se la envió de regreso a casa? El dato importa más que el ruido.
