El abogado Arturo Fermandois compareció este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) de Chile en representación del presidente José Antonio Kast, con el objetivo de solicitar el rechazo de los tres requerimientos presentados por senadores y diputados de oposición contra distintos artículos de la denominada megarreforma del Ejecutivo.
Fermandois dispuso de 40 minutos para desarrollar su argumentación. Su tesis central fue que el proyecto superó una «intensa deliberación parlamentaria», con negociaciones, acuerdos y votaciones, lo que lo reviste de plena legitimidad democrática. «Hoy es el día del legislador democrático», afirmó de entrada, descartando que se trate de una iniciativa «pasada a máquina por las salas del Congreso».
El núcleo técnico del alegato giró en torno a dos figuras cuestionadas por la oposición: la invariabilidad tributaria para inversores extranjeros y el régimen especial de indemnización con cargo al fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Sobre la primera, Fermandois recordó que el contrato de inversión extranjera con invariabilidad se aplica en Chile desde 1929 y que su propósito es ofrecer certeza a quienes comprometen capital a largo plazo en un país donde, según señaló, se han tramitado 20 proyectos de reforma tributaria desde el año 2000. «Cada gobierno que llega trae un proyecto de reforma tributaria y es legítimo. Pero esto produce un problema de inestabilidad», precisó.
Fermandois cuestionó la teoría implícita en los requerimientos, según la cual una democracia no podría adquirir obligaciones legislativas de largo plazo. «Es una teoría muy curiosa y bastante traumatizante de lo que es una democracia», sostuvo, y añadió que los Estados adquieren compromisos de largo plazo no solo mediante leyes sino también a través de tratados internacionales. «Por lo tanto, no existe esta soberanía irrestricta y limitada», enfatizó.
Sobre el régimen indemnizatorio ambiental, el abogado invirtió el argumento de la oposición: lejos de desincentivar la acción correctiva del Estado, a su juicio el mecanismo «incentiva el cumplimiento de la ley en la evaluación ambiental».
Fermandois también delimitó el papel que corresponde al TC en este proceso. Sostuvo que el tribunal «no está para declarar inconstitucionalidades al voleo» y que debe ceñirse a los preceptos precisos que generan el agravio; de lo contrario, advirtió, se convertiría en «un verdadero colegislador».
El constitucionalista, que se desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, identificó en los requerimientos una «profunda discrepancia con los objetivos» de la megarreforma, pero subrayó que ese juicio de mérito corresponde al Congreso, no al TC.
La lectura de Continente. El debate en el TC ilustra una tensión clásica: la que enfrenta la certeza jurídica que exige la inversión privada con la tentación de cada nuevo gobierno de reescribir las reglas del juego. Que Chile haya acumulado 20 reformas tributarias en 25 años no es un dato menor; es el argumento más poderoso a favor de mecanismos de estabilidad como la invariabilidad. Conviene mirar los incentivos: sin certeza de largo plazo, el capital simplemente elige otra jurisdicción. La historia sugiere cautela ante quienes confunden soberanía legislativa con la facultad de resetear contratos cada cuatro años.
