Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, eligió Tenerife para lanzar uno de sus argumentos más directos contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez: durante los gobiernos socialistas han entrado a Canarias de forma irregular 173.000 inmigrantes, frente a los 2.800 que lo hicieron durante la etapa de Mariano Rajoy. La cifra, pronunciada en el acto de presentación de la candidatura de Carmen Pérez a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, resume la tesis del líder popular: el problema no es estructural ni inevitable, sino el resultado directo de una gestión deficiente.
Feijóo fue explícito en la atribución de responsabilidades. Si el Gobierno central «no es capaz de parar el flujo migratorio», afirmó, debe asumir las consecuencias de esa gestión y no trasladarla al archipiélago. Habló desde su experiencia como expresidente regional para subrayar que hacerse cargo de la «incompetencia» del Ejecutivo central no es ni puede ser obligación de un gobierno autonómico.
El mensaje político fue doble. Hacia el electorado canario, la promesa de que no dejaría «sola a Canarias frente a una crisis». Hacia Madrid, la advertencia de que una política migratoria «firme, ordenada y europea» no solo es deseable, sino —en sus palabras— «posible».
Más allá de la migración, Feijóo reclamó que en las islas se vuelva a debatir sobre financiación específica para su condición de región ultraperiférica, vivienda, servicios públicos, empleo e inversión. Un catálogo de demandas que el PP intenta anclar como agenda propia frente a un Gobierno que, en su lectura, ha convertido Canarias en el eslabón más débil de una cadena rota.
El dato importa más que el ruido. La diferencia entre 2.800 y 173.000 no es una cuestión de matiz ni de contexto geopolítico exclusivo: es, ante todo, una cuestión de voluntad política y de instrumentos de control. Que esa brecha se haya producido en el mismo territorio, con el mismo marco legal europeo de fondo, refuerza el argumento de que las decisiones de gobierno —y su ausencia— tienen consecuencias medibles para los ciudadanos que viven y trabajan en las islas.
Conviene mirar los incentivos. Canarias no es solo una crisis humanitaria en diferido; es también una economía que depende del turismo, del orden público y de la capacidad de sus administraciones para prestar servicios. Cada plaza de acogida saturada, cada municipio desbordado, es un coste real que recae sobre contribuyentes y empresas locales, no sobre los despachos de Madrid que toman —o eluden— las decisiones. La historia sugiere cautela ante quienes prometen soluciones desde la tribuna; pero también ante quienes llevan años negando que el problema existe.
