Familias de víctimas del 11-S se preparan para torpedear el impulso de Arabia Saudí por construir reactores nucleares civiles con aprobación de la administración Trump. Su objetivo es aprovechar el proceso de autorización para obligar al gobierno saudí a admitir lo que describen como su complicidad en los ataques del 11 de septiembre de 2001.
La disputa coincide con una ofensiva en el Senado para que la Casa Blanca publique los «side agreements» o acuerdos paralelos ocultos del plan de cooperación nuclear civil negociado con los saudíes. Ese acuerdo, conocido como «123 Agreement», podría ser bloqueado por el Congreso mediante una resolución conjunta de desaprobación.
Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United, dijo a The Post que Arabia Saudí no es un «honesto intermediario» y cuestionó que se entregue a un país al que responsabiliza de la muerte de 3.000 personas. «¿Cómo le das a un país armas nucleares que [es] responsable de asesinar a 3.000 personas y nunca lo ha reconocido?», preguntó.
Según Strada, la prioridad no es tanto acceder a más documentos como presionar a Trump para que fuerce a Riad a dejar de negar responsabilidad. «No sigas cubriéndolos ni dándoles cobertura», dijo.
En paralelo, un grupo bipartidista de senadores pidió esta semana a la Casa Blanca que publique las «side letters» del acuerdo. El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, dijo que se opondría al acuerdo, o al menos lo cuestionaría, hasta que se resuelvan las reclamaciones de las familias del 11-S contra Arabia Saudí.
El conflicto tiene además una dimensión jurídica. En un caso abierto desde hace décadas, una coalición de familias demandó al Reino de Arabia Saudí por daños punitivos y compensatorios ante un tribunal federal, por una suma que podría ascender a miles de millones de dólares tras la aprobación de la Justice Against Sponsors of Terrorism Act. Quince de los secuestradores del 11-S eran ciudadanos saudíes.
La Casa Blanca dice que Trump está dispuesto a transparentar el expediente. Olivia Wales, portavoz de la presidencia, afirmó que el mandatario autorizó la desclasificación y publicación de cientos de páginas de documentos vinculados a los atentados. También sostuvo que Trump siempre rendirá homenaje a las víctimas y a los héroes de aquel día.
Arabia Saudí niega con firmeza cualquier complicidad y asegura que su programa nuclear es pacífico y transparente.
Conviene mirar los incentivos. Si Washington autoriza un acuerdo nuclear de miles de millones de dólares sin despejar sus anexos ni disipar la sombra del 11-S, el costo político recae sobre la credibilidad institucional y sobre los contribuyentes que terminan financiando una nueva capa de burocracia y litigio.
La historia sugiere cautela. Un programa civil puede ser legítimo; un proceso opaco, no. Cuando un acuerdo de energía atómica se mezcla con reclamos de víctimas, documentos reservados y disputa política en el Congreso, la transparencia deja de ser un lujo y pasa a ser una condición mínima de orden.
