Seis civiles, tres policías y un abogado figuran, hasta ahora, entre los sujetos identificados por la Fiscalía Supraterritorial como integrantes de una organización criminal que planeó y ejecutó las extorsiones y el secuestro que afectaron a los hermanos chinos Mingkai Fu y Mingxia Fu el 6 de agosto pasado.
Siete de los implicados, entre ellos el abogado y exfiscal Vinko Fodich, fueron formalizados ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El Ministerio Público les comunicó cargos por asociación ilícita, secuestro extorsivo, extorsión y otros ilícitos ligados a la tenencia de armamento, municiones y fuegos artificiales.
De acuerdo con el relato expuesto por el fiscal Miguel Ángel Orellana, desde a lo menos el 3 de agosto de 2026 los imputados Fodich, Angelo Stevens, José Pinto, Rodrigo Navarrete, Pablo Gajardo, Luis Moraga y Sebastián Gajardo se coordinaron para ejecutar los ilícitos. Para ello acondicionaron un salón de eventos de un edificio en Santiago Centro como un falso cuartel de la PDI.
En ese lugar, según Orellana, dispusieron objetos con el logo policial y una pizarra portátil con un «organigrama criminal» que supuestamente vinculaba a las víctimas con delitos asociados a organizaciones criminales de origen chino. Allí las retuvieron contra su voluntad.
Todo partió, según la investigación, cuando los contadores Stevens y Pinto determinaron tomar acciones en contra de las víctimas, ya que les adeudaban honorarios por servicios que les habían prestado. Ambos mantenían relación laboral con Fodich, quien representaba a los ciudadanos chinos extorsionados.
Un octavo imputado, Stefanno Andreotti, investigado como líder de una facción narco que integraba un cartel internacional, habría ofrecido los servicios de agentes de la PDI para montar el falso operativo y ejecutar el secuestro. Su detención fue ampliada hasta el martes 15 de septiembre.
La operación comenzó la tarde del 3 de agosto. Ese día, Moraga Parisi, primo de Franco Parisi, llegó al domicilio laboral de Mingxia Fu y, haciéndose pasar por PDI, hizo averiguaciones sobre Mingkai Fu. Al día siguiente, volvió al domicilio particular de las víctimas, también caracterizado como policía, para hacer más consultas. Mostró en conserjería una carpeta con el logo de la PDI y exhibió una fotografía de Mingkai Fu para fijar domicilio exacto.
La mañana del 6 de agosto, la estructura ya estaba lista. A las 9.50 horas, Pinto se reunió con Mingkai Fu con la excusa de entregarle un vale vista. Entonces entraron en escena Pablo Gajardo y Rodrigo Navarrete, quienes tomaron a los dos sujetos y los trasladaron al lugar acondicionado como recinto de cautiverio.
Ahí ya se encontraba Angelo Stevens como un segundo falso detenido, mientras Ángel Herrera, que será formalizado el martes, y Luis Moraga actuaban como policías. Claudio Navarrete aparentaba ser agente del FBI. También se posicionó en el lugar Stefanno Andreotti, al igual que Sebastián Gajardo, quien concurrió en un verdadero carro policial.
A esa altura, las extorsiones ya habían comenzado. Le indicaron a Mingkai Fu que tendría que pagar para que la causa en su contra no prosperara. Luego llegó Mingxia Fu acompañada de Fodich, y las presiones aumentaron.
Durante el cautiverio, los sujetos informaron que Mingxia Fu también tenía orden de detención y Luis Moraga procedió a esposarla. Además, enviaron fotos de las víctimas a Youngjie Chen, simularon un pago por parte de Angelo Stevens, anunciaron que, si cumplían sus exigencias, Youngjie Chen quedaría libre en una audiencia del 25 de agosto, y usaron otras maniobras similares.
El monto final exigido fue de $ 300 millones. Los hermanos solo entregaron $ 30 millones, que fueron divididos entre todos los imputados. Fodich reconoció ante la Fiscalía su participación en los hechos y dijo haber recibido $ 3,5 millones.
Tras la formulación de cargos, la defensa de Fodich, Rodrigo Navarrete y Luis Moraga aceptó la medida cautelar de prisión preventiva. La defensa de Stevens y Pinto, en cambio, alegó la colaboración prestada por sus representados y sostuvo que su situación implica un riesgo al interior de un recinto carcelario.
Más allá de la espectacularidad del montaje, el caso vuelve a mostrar cuánto daño puede producir la captura de funciones públicas por redes criminales. Cuando un falso cuartel, policías activos y un exfiscal aparecen en la misma trama, el problema ya no es solo penal: es institucional.
Conviene mirar los incentivos. La extorsión castiga a quienes producen, pagan honorarios o mantienen actividad económica, y premia a quienes convierten el miedo en negocio. Si el Estado no separa con nitidez poder, policía y justicia de las redes delictivas, el costo termina cayendo sobre los ciudadanos y sobre la credibilidad de las instituciones.
El dato importa más que el ruido: aquí hay una organización que, según la Fiscalía, simuló autoridad para obtener dinero. Ese es precisamente el terreno en que una república se debilita. Sin orden, sin trazabilidad y sin sanción efectiva, la burocracia deja de proteger derechos y pasa a ser un recurso para extorsionar.
