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Extorsión al aguacate y al limón: 18 mil millones de pesos anuales para la célula que asesinó al alcalde de Uruapan

La Fiscalía de Michoacán reveló el esquema de cobro de piso que financiaba al grupo criminal vinculado al homicidio de Carlos Manzo. El caso expone hasta dónde el crimen organizado ha convertido la agroindustria en una fuente de renta paralela al Estado.
Imagen ilustrativa
Las Américasjueves 6 de agosto de 2026

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó el 6 de agosto de 2026 una estimación que ilustra la escala del problema: la célula criminal vinculada al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, obtenía ingresos de hasta 18 mil millones de pesos anuales mediante el cobro de piso a productores de aguacate y limón en el estado, según reveló la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal en conferencia de prensa.

El esquema operaba a través de cuotas por kilogramo de producto. Dos operadores identificados dividían el territorio: Jorge Armando 'N', alias El Licenciado, a cargo del sector aguacatero, y Gerardo 'N', alias El Congo, a cargo del sector limonero. Ambos son señalados por la autoridad como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sobre una producción estatal estimada en 1.8 millones de toneladas de aguacate —la mayor del mundo, según la FGE—, la cuota de El Licenciado variaba según la temporada: entre uno y dos pesos por kilogramo en periodos de precios bajos, y entre cinco y seis pesos cuando la demanda subía. La Fiscalía calculó que ese operador percibía alrededor de 7 mil 200 millones de pesos solo por las cuotas al aguacate, con un techo estimado de 10 mil 800 millones de pesos anuales.

El limón aportaba el segundo flanco. Con una producción anual estatal de 856.7 millones de kilogramos, las cuotas de entre uno y dos pesos por kilo generaban entre 1 mil 713 y 3 mil 426 millones de pesos anuales, según las estimaciones de la autoridad. La suma de ambos sectores arroja el total de 18 mil millones de pesos que la FGE atribuye a la célula en su conjunto.

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, un acto público en la Pérgola Municipal de Uruapan en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos. Según la investigación, un adolescente de 17 años se acercó al alcalde sin enfrentar filtros de seguridad y le disparó por la espalda. Manzo recibió seis impactos de bala y falleció alrededor de las 20:50 horas en el Hospital Fray Juan de San Miguel. El regidor Víctor Hugo resultó herido y sobrevivió. El agresor fue sometido por policías municipales y murió posteriormente a causa de un disparo durante un forcejeo, hecho que también forma parte de las investigaciones.

La FGE ha ejecutado al menos una orden de aprehensión contra un implicado identificado como El R1, cuya audiencia fue aplazada a petición de la defensa. La Fiscalía también investiga un video en el que aparece Manzo junto a un presunto líder del Cártel de Los Reyes, circunstancia que se integró al expediente del caso. La autoridad presentó los cálculos económicos como parte de la estrategia para acreditar el móvil y el poderío de la organización ante los tribunales.

Conviene mirar los incentivos. Un aparato criminal que recauda el equivalente a presupuestos estatales enteros —18 mil millones de pesos anuales, solo en dos cultivos— no es una pandilla marginal: es un sistema de tributación paralela que desplaza al Estado y castiga a quien se le opone. El aguacate michoacano abastece mercados en Estados Unidos, Europa y Asia; cada kilo exportado bajo ese régimen lleva incorporado un impuesto invisible que paga el productor y cobra el crimen organizado. Mientras el gobierno federal no demuestre capacidad para desmantelar esas estructuras financieras —no solo detener operadores individuales—, la libre empresa en el campo mexicano seguirá siendo una ficción administrada por quienes tienen las armas.

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