Los últimos integrantes del antiguo secretariado de las FARC que suscribieron el acuerdo de paz de 2016 enviaron este martes una carta abierta a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, para exhortarlo a «encontrar caminos» institucionales que garanticen la implementación del tratado. El documento fue liderado y firmado por Rodrigo Londoño —conocido durante el conflicto como Timochenko—, último comandante general de la guerrilla, y cuenta además con las firmas de Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Mauricio Jaramillo, Julián Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
En el texto, los reincorporados manifestaron su disposición total para entablar diálogo con la administración entrante y ratificaron su compromiso de honrar lo pactado el 24 de noviembre de 2016, fecha en que el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó el acuerdo definitivo. Apelaron, según la fuente, a la responsabilidad del Estado colombiano para que responda «con la misma transparencia y seriedad» que ellos afirman haber demostrado, y subrayaron la urgencia de proteger el derecho a la vida de los firmantes y garantizar su participación política.
La misiva se difundió pocas horas después de que De la Espriella lanzara críticas públicas contundentes contra Londoño y contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La controversia se desató luego de que ese tribunal de justicia transicional otorgara un salvoconducto a Londoño para viajar a España a participar en conferencias académicas. El mandatario electo calificó al exlíder guerrillero de criminal de guerra y acusó a la JEP de operar, según sus propias palabras, como un mecanismo para encubrir delitos graves bajo apariencia de corte de justicia. De la Espriella aseguró que su gestión se enfocará en que Londoño cumpla una condena de prisión de por vida.
Ante versiones que sugerían que Londoño podría permanecer en Europa para eludir consecuencias judiciales, la JEP confirmó este martes que el excomandante ya regresó a Colombia y compareció formalmente ante la Sala de Instrucción del tribunal para certificar el cumplimiento de los plazos de su permiso internacional. El décimo aniversario del acuerdo se conmemora en noviembre próximo.
Conviene mirar los incentivos. La carta de los exjefes de las FARC no es un gesto desinteresado: llega en el momento en que De la Espriella, con mandato electoral claro, cuestiona abiertamente la arquitectura jurídica que protege a los firmantes. Para los reincorporados, el diálogo es la mejor garantía de continuidad de los beneficios procesales que la JEP administra; para el nuevo gobierno, la presión pública sobre ese tribunal es una señal de que el orden y la rendición de cuentas no serán sacrificados en nombre de la paz negociada.
El dato importa más que el ruido. Lo relevante no es el tono de la carta ni el viaje a España, sino el principio en disputa: si una institución creada para administrar justicia transicional puede operar con autonomía plena frente a un gobierno electo que la considera ilegítima. De la Espriella hereda un aparato estatal comprometido con acuerdos que su electorado rechaza en buena medida. Cómo resuelva esa tensión —sin desestabilizar el orden público ni blindar la impunidad— será la prueba más temprana de su capacidad de gobierno.
