A dos días de que la Universidad Nacional Autónoma de México aplique el llamado examen de control, la protesta de los aspirantes seleccionados en el proceso de admisión original mostró señales de agotamiento. Por tercera ocasión, un grupo reducido —sin pancartas ni consignas— se concentró en el estacionamiento de la Biblioteca Central y marchó hacia la Torre de Rectoría para exigir que se cancele la evaluación presencial y se respeten los resultados que, según los inconformes, obtuvieron «legítimamente».
La movilización, organizada por redes sociales y WhatsApp, contrasta con la urgencia del reclamo. Los manifestantes piden que se nulifique la recomendación emitida por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, a la que acusan de haber violentado sus derechos estudiantiles.
Uno de los afectados, identificado como José Emiliano —aceptado en Arquitectura tras obtener 104 aciertos—, resumió la postura del grupo ante EL UNIVERSAL: «Si la Universidad tuvo el error no tenemos por qué pagarlo nosotros. Una disculpa no nos va a solucionar nada». Aunque ya cuenta con cita para el examen de control y está dispuesto a presentarlo, no descarta emprender acciones legales individuales o colectivas si el resultado le es adverso. «Hablé con mi abogada y me dijo que lo mejor era hacer el examen y dependiendo del resultado íbamos a tomar acciones legales, como un amparo colectivo», relató.
El problema tiene una arista adicional. José Emiliano señaló que ha recibido mensajes de aspirantes que, pese a cumplir los requisitos, no han sido convocados a la evaluación presencial. Esos jóvenes habrían contactado a las autoridades universitarias a través de los correos institucionales habilitados sin obtener respuesta. «No les están contestando. Estamos esperando una respuesta de la Universidad, porque siguen en la duda de qué va a pasar con ellos», afirmó.
El cuadro que emerge es el de una institución que administra mal su propia crisis: un proceso de admisión que falló, una comisión técnica cuya recomendación es impugnada, y un canal de comunicación con los afectados que no funciona. La amenaza de amparo colectivo añade una variable judicial que podría prolongar la incertidumbre más allá del examen de control.
Conviene mirar los incentivos. La UNAM es una universidad financiada con dinero de los contribuyentes y su proceso de ingreso debería ser el más transparente y robusto del sistema educativo nacional. Cuando ese proceso colapsa —y la propia institución debe convocar un examen de control para remediar el daño— la carga no puede recaer sobre los aspirantes que siguieron las reglas. El silencio administrativo ante quienes no han recibido convocatoria no es un detalle burocrático menor: es la diferencia entre un año de vida académica y uno perdido para jóvenes que no tienen margen de error.
El dato importa más que el ruido. La protesta mengua en número, pero la legitimidad del reclamo no depende del tamaño de la marcha. Si los tribunales admiten los amparos, la UNAM enfrentará un escrutinio judicial sobre un proceso que ya exhibió fallas graves. El aparato estatal universitario tiene pocos días para demostrar que puede resolver lo que él mismo rompió.
