La Delegación de la Unión Europea y las embajadas de Noruega y Suiza en México condenaron el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en San Pablo Etla, Oaxaca. En un pronunciamiento conjunto, las representaciones diplomáticas señalaron que «las circunstancias del crimen y el trabajo periodístico del señor Leyva, así como las amenazas previas recibidas, son indicios de que existe un vínculo directo entre su labor periodística y su asesinato».
El comunicado no se limitó al caso individual. Las representaciones europeas describieron el asesinato de Leyva como parte de un patrón más amplio: «el asesinato del señor Leyva, junto con los asesinatos de otros periodistas ocurridos recientemente en el país, muestra el grado de violencia e intimidación que periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan en algunos contextos en México».
Las mismas delegaciones reconocieron que la Fiscalía General de la República atrajo el caso y valoraron el compromiso expresado por el gobierno federal para esclarecer los hechos. También reconocieron «los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas para esclarecer los últimos casos de asesinatos y prevenir nuevas agresiones». Sin embargo, la nota de fondo fue la advertencia sobre los «elevados niveles de impunidad en los casos de periodistas y personas defensoras asesinadas en años anteriores en México».
La delegación y las embajadas renovaron su llamamiento a que «se identifique y juzgue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de todos estos crímenes».
El dato importa más que el ruido. México acumula años de promesas institucionales sobre la protección a periodistas; los pronunciamientos de Bruselas, Oslo y Berna no son retórica de protocolo, sino señales de que la reputación internacional del país en materia de estado de derecho está bajo escrutinio sostenido. Que sean tres representaciones europeas —y no una sola— las que firman el comunicado indica coordinación deliberada, no reacción espontánea.
Conviene mirar los incentivos. Mientras la FGR centraliza investigaciones y el gobierno federal expresa compromisos, la impunidad estructural que denuncian las embajadas no se resuelve con declaraciones: requiere resultados verificables, cadenas de mando identificadas y condenas efectivas. El patrón que describen los diplomáticos europeos —amenazas previas ignoradas, crímenes sin responsables intelectuales juzgados— es precisamente el entorno que desincentiva el periodismo independiente y beneficia a quienes operan en la opacidad. Cada caso sin sentencia es, en la práctica, una licencia para el siguiente.
