El mercado laboral español encadena varios años de creación de empleo y reducción del desempleo, pero esa evolución convive con un problema estructural que sigue diferenciando a España del resto de economías europeas. La tasa de desempleo se situó en el 10,5% durante 2025 —dato que no se registraba desde 2008— y, aun así, España mantiene una de las tasas de paro más elevadas de la eurozona, muy por encima de la media comunitaria.
La paradoja es llamativa. Según el análisis de CaixaBank Research, en el segundo trimestre de 2026 más del 40% de las empresas aseguró que la disponibilidad de mano de obra condicionaba su actividad. El número de vacantes en 2025 fue casi un 50% superior al registrado antes de la pandemia. Al mismo tiempo, una bolsa significativa de desempleados no logra acceder a esos puestos. Cuatro de cada diez nuevos empleos creados en los últimos años fueron ocupados por trabajadores nacidos en el extranjero, lo que ilustra el desajuste entre la oferta local y la demanda productiva.
El perfil del desempleado estructural concentra tres rasgos que se refuerzan mutuamente. Primero, la larga duración: antes de la crisis financiera de 2008, uno de cada cuatro desempleados llevaba más de un año buscando trabajo; tras la recuperación posterior esa proporción llegó a superar el 50% y, aunque ha descendido, todavía representa alrededor del 35% en el primer trimestre de 2026. Segundo, la edad: el número de parados de 55 años o más prácticamente duplica el peso que tenía antes de 2008, un colectivo con mayores dificultades ante los cambios tecnológicos. Tercero, la formación: aproximadamente la mitad de los desempleados cuenta con baja cualificación, lo que cierra el acceso a los sectores con mayor demanda.
El contraste sectorial es elocuente. En aproximadamente la mitad de las ramas económicas, que concentran cerca del 40% de la ocupación total, la tasa de desempleo se mantiene por debajo del 5%. Esos sectores coinciden, además, con los que ofrecen salarios más elevados y mayor estabilidad. Entre las personas de 25 a 49 años que llevan menos de un año buscando empleo, la tasa ronda el 6%, cifra que, aunque sigue por encima de la media de la eurozona, resulta significativamente inferior al promedio nacional.
El análisis de CaixaBank Research concluye que el mercado laboral español dispone todavía de margen para impulsar el crecimiento, pero advierte que ese potencial depende de mejorar la inserción de los colectivos con mayores dificultades. La vía señalada son las políticas activas de empleo orientadas a formación, recualificación y adaptación a sectores con demanda real.
Conviene mirar los incentivos. España lleva años invirtiendo en un aparato de políticas activas de empleo cuya eficacia, a la vista de los datos, merece escrutinio: el paro de larga duración sigue representando más de un tercio del total y el desajuste de cualificaciones no se ha resuelto. El dato importa más que el ruido: mientras el Estado administra la bolsa de desempleados con subsidios y programas de dudoso retorno, las empresas recurren a trabajadores extranjeros para cubrir vacantes que, en teoría, deberían poder ocupar residentes locales. El problema no es de demanda agregada; es de incentivos mal calibrados y de una arquitectura regulatoria que desincentiva tanto la contratación de perfiles de mayor riesgo como la inversión privada en recualificación. La libre empresa puede absorber ese talento latente, pero necesita señales correctas, no más burocracia.
