España afronta la peor temporada de incendios de su historia reciente. El fuego que avanza por las provincias de Madrid, Toledo y Ávila ha superado las 77.000 hectáreas arrasadas y ha forzado la evacuación de más de 100.000 personas, convirtiéndose en el mayor incendio forestal registrado en el país. En paralelo, un segundo siniestro en Castellón ha afectado más de 8.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas.
En total, España acumula 172.000 hectáreas quemadas y 35 grandes incendios forestales en lo que va de 2026, frente a los 11 registrados durante todo el año anterior. Este miércoles, el país entra en su cuarta ola de calor del verano, lo que complica las labores de extinción de unos cuerpos de bomberos que ya trabajan sin tregua.
Lourdes Hernández, experta en incendios de WWF, sitúa el fenómeno en una categoría específica: los llamados incendios de sexta generación o megaincendios, definidos no solo por su tamaño —más de 5.000 a 10.000 hectáreas— sino por la intensidad y virulencia de su comportamiento. «Los tres peores incendios de la historia forestal española han sucedido entre el año pasado y este verano», señaló la especialista. Según Hernández, «este tipo de incendios, cada vez más virulentos, se van a convertir en la norma a partir de ahora».
Entre los factores que confluyen, la experta destaca que la primavera de 2026 fue la más lluviosa de la historia de España, lo que generó mayor crecimiento de vegetación y, por tanto, más combustible disponible al llegar el calor. A ello se suma el dato del año anterior: en 2025, el 72% de los grandes incendios forestales se produjeron durante olas de calor.
El grupo científico internacional World Weather Attribution (WWA) publicó un estudio que apunta a que el cambio climático hizo 40 veces más probables los grandes incendios forestales —aquellos que superan las 500 hectáreas— en España y Portugal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la situación como «la expresión más dolorosa de una emergencia climática».
Hernández también advirtió sobre un factor adicional: el aumento de tormentas eléctricas en algunas regiones, que generan múltiples focos simultáneos y dificultan la extinción. «No suele caer casi nunca un único rayo, sino que caen muchos de forma simultánea», explicó.
La especialista fue explícita en cuanto a la responsabilidad política: «El cambio climático no puede ser una excusa para no actuar. Se sabe cuál es el problema, se sabe cuáles son las soluciones y lo que hace falta es una voluntad política, que todas las fuerzas se pongan de acuerdo con una política de Estado».
Conviene mirar los incentivos. La gestión forestal preventiva —desbroces, cortafuegos, ordenación del territorio— exige inversión constante y decisiones impopulares que los gobiernos tienden a postergar. Cuando el fuego llega, el coste humano, económico y medioambiental multiplica con creces lo que habría costado la prevención. La pregunta que España debe responder no es solo climática, sino institucional: si el aparato estatal es capaz de articular una política forestal de largo plazo que no dependa del ciclo electoral ni se agote en los comunicados de emergencia.
