España activó controles fronterizos a todos los viajes procedentes de Italia a la medianoche del viernes —las 22:00 GMT—, con vigencia de un mes, en respuesta a las restricciones que Roma había impuesto una semana antes tras la llegada de unos 78.000 migrantes procedentes de Marruecos al enclave español de Ceuta.
Madrid había exigido a Italia que suspendiera sus controles antes del domingo. Roma rechazó lo que calificó de «ultimátum» y anunció que sus medidas se mantendrían al menos hasta el 15 de agosto, fecha en la que, según el gobierno italiano, Madrid «prevé una nueva oleada migratoria» en Ceuta. España, por su parte, negó haber anunciado tal oleada; la oficina del presidente del Gobierno declaró al diario El País que no esperaba que se repitieran las escenas de la semana anterior. Los rumores, según ese mismo diario, habrían sido alimentados por la actividad en redes sociales de usuarios marroquíes que planeaban un nuevo intento de cruce para esa fecha.
El gobierno italiano justificó su suspensión parcial del Acuerdo de Schengen como un mecanismo para impedir que los migrantes que entraron en Ceuta viajaran a Italia. Madrid rechazó esa postura por basarse en «argumentos espurios», señalando que los migrantes que llegaron a Ceuta —territorio situado en el norte de África— no tenían acceso al espacio Schengen, y que la gran mayoría ya había regresado a Marruecos.
En su comunicado, el gobierno español describió la decisión italiana como «injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española», y señaló que Italia es el país de la UE «que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España». Las medidas españolas, según el mismo comunicado, permanecerán vigentes hasta el 7 de septiembre, salvo que cambien las circunstancias.
La crisis ha profundizado la fractura entre el presidente del Gobierno español, Sánchez, y la primera ministra italiana, Meloni, quien lleva tiempo abogando por normas migratorias más estrictas en la UE. La posición italiana recibió respaldo de Finlandia y Dinamarca; la República Checa fue más lejos y pidió la suspensión temporal de la pertenencia de España al espacio Schengen.
Sobre las causas del éxodo masivo, el comisario europeo de Migración, Brunner, sugirió que redes criminales que difundían desinformación fueron las responsables, coincidiendo con la versión española. Marruecos, en cambio, atribuyó la crisis a una sentencia del Tribunal Supremo español que dictaminó que los migrantes detenidos en el mar mientras intentaban llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos sumariamente a Marruecos. Una fuente gubernamental marroquí anónima declaró a medios locales que «el elemento disuasorio del sistema colapsó y la represa cedió, no bajo el peso de los criminales, sino por la decisión de un juez». Quedan sin respuesta pública las preguntas sobre por qué los guardias fronterizos marroquíes no intentaron detener los cruces. Casi 1.400 menores permanecen en Ceuta, según declaró la ministra de Juventud española, Rego, quien reconoció que «el sistema se vio desbordado».
Conviene mirar los incentivos. La disputa entre Madrid y Roma no es solo un intercambio de medidas técnicas: es el síntoma de una arquitectura europea de gestión migratoria que carece de mecanismos de reparto efectivos y deja a los Estados miembro negociando bilateralmente bajo presión electoral. Cuando la libre circulación —uno de los activos más concretos que la UE ofrece a sus ciudadanos— se convierte en moneda de cambio en una crisis de fronteras externas, el costo lo pagan los viajeros ordinarios y las economías que dependen del tránsito fluido. El dato importa más que el ruido: mientras Bruselas acumula comunicados, son los gobiernos nacionales los que toman decisiones con consecuencias reales. La historia sugiere cautela ante quienes prometen soluciones comunitarias sin reformar primero los incentivos que producen el problema.
