El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, confirmó el sábado que los ministros de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, y de Italia, Matteo Piantedosi, le garantizaron personalmente que los controles fronterizos interiores impuestos entre ambos países «son temporales». Brunner añadió que existen «indicios procedentes de Italia de que los controles podrían levantarse pronto».
La crisis se desencadenó tras los sucesos en Ceuta. Italia estableció controles a los viajeros procedentes de España el pasado 1 de agosto. Madrid respondió el 8 de agosto con controles en aeropuertos y puertos con conexiones directas hacia Italia, medida vigente hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, aunque el ministro Grande-Marlaska precisó que el plazo «podrá ser modificado en función de la evolución de las circunstancias».
El primer día de aplicación, la Policía española revisó a 199 nacionales de terceros países llegados en doce vuelos desde Italia. Las revisiones se distribuyeron entre los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Madrid concentró el mayor número: 83 pasajeros en un vuelo procedente de Roma. Barcelona registró 67 revisados en dos vuelos desde Milán y Roma; Valencia, 33 en tres vuelos desde Cagliari, Nápoles y Bari. En Alicante se incluyeron tres vuelos pero no se efectuaron controles a nacionales de terceros países. En el operativo participaron al menos 27 funcionarios policiales.
Las comprobaciones se enfocan en ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea para verificar su situación migratoria ante la posibilidad de que se desplacen posteriormente a España. Brunner subrayó que «la confianza entre los Estados miembros es nuestro activo más valioso» y destacó «los avances logrados en la lucha contra la inmigración ilegal».
El episodio ilustra la tensión estructural del espacio Schengen: la libre circulación de personas depende de que cada Estado miembro gestione eficazmente su frontera exterior. Cuando esa gestión falla —o se percibe que falla—, los socios reaccionan con herramientas que erosionan el propio edificio que dicen defender.
Conviene mirar los incentivos. El aparato burocrático de Bruselas tiende a gestionar estas crisis con declaraciones de confianza mutua y plazos elásticos, mientras los costos reales —saturación de servicios, presión sobre mercados laborales locales, tensión social— los absorben ciudades y contribuyentes concretos en Madrid, Barcelona o Milán. La historia sugiere cautela: los controles «temporales» en Schengen tienen el hábito de prolongarse. Lo que está en juego no es solo la foto de dos ministros dándose garantías por teléfono, sino la credibilidad de un modelo de integración que prometió fronteras interiores abiertas a condición de que las exteriores funcionaran. Esa condición sigue sin cumplirse.
