El gobierno español ordenó este jueves el despliegue del Ejército en Ceuta para reforzar a la Guardia Civil, después de que miles de migrantes procedentes de Marruecos desbordaran los controles fronterizos en lo que las autoridades locales describieron como una «absoluta emergencia humanitaria y social». Al menos 11 personas murieron ahogadas en las últimas 24 horas al intentar rodear a nado el espigón del Tarajal; desde comienzos de año, las autoridades locales contabilizan al menos 39 cadáveres en el mar, y la cifra se aproxima a 70 en los últimos doce meses.
Las estimaciones sobre el número de personas que lograron ingresar al enclave oscilan con amplitud notable: fuentes policiales citadas por medios españoles hablan de más de 10.000, otras proyecciones elevan la cifra hasta 20.000, mientras la televisión pública TVE situó el dato entre 2.000 y 3.000. Las autoridades españolas no han publicado un balance oficial. De confirmarse las cifras más altas, la crisis superaría la de mayo de 2021, cuando entre 8.000 y 10.000 personas cruzaron en 48 horas.
El Ministerio del Interior precisó que la legislación española no permite declarar una emergencia nacional por una crisis vinculada a la inmigración, aunque garantizó la protección de los habitantes y la integridad de la frontera. Al contingente permanente de 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad se sumó de inmediato un pelotón de 20 agentes adicionales; en las próximas horas estaba prevista la incorporación de otros dos contingentes de 40 efectivos cada uno, más el apoyo militar.
Madrid anunció además un acuerdo con Rabat para devolver «lo antes posible» a Marruecos a «todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta». El alcalde-presidente del enclave, Juan Jesús Vivas, había reclamado al gobierno central que declarara la emergencia de interés nacional y desplegara más policías y militares para «garantizar la inviolabilidad» de la frontera.
La Comisión Europea ofreció la asistencia de Frontex, la agencia de vigilancia de fronteras exteriores del espacio Schengen. El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, señaló que Bruselas mantenía contactos con Marruecos para garantizar que se realizaran «todos los esfuerzos necesarios» para impedir esos «peligrosos viajes». Por su parte, el gobierno italiano analiza suspender temporalmente el acuerdo de libre circulación de Schengen con España, según fuentes del Ejecutivo citadas por Reuters.
El presidente Pedro Sánchez tiene previsto viajar este viernes a Ceuta, visitar la frontera del Tarajal al mediodía y reunirse con representantes de las fuerzas de seguridad y con las autoridades locales.
Conviene mirar los incentivos. Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, y sus 85.000 habitantes cargan con una presión migratoria que ninguna otra ciudad europea enfrenta en términos comparables. El despliegue militar llega tarde: once muertos en un día y decenas en el año son el precio de una política que durante años privilegió los gestos diplomáticos sobre los controles efectivos. El dato importa más que el ruido: cuando el aparato estatal debe recurrir al Ejército para sostener la soberanía de su propio territorio, la pregunta no es si la respuesta es proporcional, sino por qué se llegó hasta aquí. La historia sugiere cautela ante los anuncios de devoluciones acordadas con Rabat; lo que Bruselas y Madrid necesitan demostrar ahora no son comunicados, sino resultados verificables en la frontera.
