El Ministerio del Interior español informó que entre las 00.01 y las 21.00 horas del 8 de agosto de 2026 se practicaron controles fronterizos a 199 pasajeros de terceros países procedentes de Italia, distribuidos en 12 vuelos y seis aeropuertos. Es el primer día de aplicación de una medida que el Gobierno activó al amparo de los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 —el Código de Fronteras Schengen— y que estará vigente hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas concentró el mayor volumen: 83 pasajeros revisados en un vuelo procedente de Roma por 4 funcionarios. Barcelona-El Prat le siguió con 67 personas controladas en dos vuelos desde Milán y Roma, con 8 agentes desplegados. Valencia sumó 33 pasajeros en tres vuelos procedentes de Cagliari, Nápoles y Bari; Sevilla, 11 en vuelos desde Bolonia y Florencia; y Bilbao, 5 en un vuelo desde Roma. En Alicante, pese a la llegada de tres vuelos italianos, no se efectuó ningún control durante la jornada. En total, al menos 27 funcionarios policiales participaron en el dispositivo, según datos facilitados por el ministerio a la agencia EFE.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó la decisión a varias autoridades de la Unión Europea: la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior, Thérèse Blanchet.
En el escrito, Grande-Marlaska justificó la medida por «la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a la República Italiana y sus efectos sobre distintos Estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular». El plazo podrá modificarse en función de la evolución de las circunstancias, y al vencimiento del período las autoridades españolas realizarán una nueva evaluación para decidir si mantienen, modifican o levantan la medida.
Conviene mirar los incentivos. España no está cerrando una frontera exterior: está reintroduciendo controles dentro del espacio Schengen, un mecanismo que el propio reglamento europeo contempla como válvula de emergencia ante amenazas al orden público. El dato importa más que el ruido: 199 pasajeros revisados en un día no es una operación masiva, pero sí una señal política de que Madrid considera insuficiente el filtro que Italia aplica antes de que los migrantes irregulares se desplacen hacia el norte y el oeste de Europa.
La historia sugiere cautela respecto al alcance real de estas medidas. Los controles aleatorios en conexiones aéreas y marítimas tienen un efecto disuasorio limitado frente a flujos terrestres o rutas alternativas. Lo que sí queda claro es que la presión migratoria en el Mediterráneo central ha dejado de ser un problema bilateral italo-europeo para convertirse en una variable de política interior española. El Gobierno dispone de un mes para demostrar que la medida produce resultados verificables; de lo contrario, el debate sobre su eficacia —y su coste en recursos policiales— llegará antes de que venza el plazo.
