El Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. El texto iniciará ahora su tramitación parlamentaria con un balance mixto: la industria de genéricos reconoce progresos, pero advierte que la norma no resuelve sus tensiones de fondo.
La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) valoró «positivamente» algunos de los avances incorporados al proyecto. En concreto, celebró que el texto haya «evolucionado desde un modelo basado exclusivamente en mecanismos de precios seleccionados hacia un sistema que incorpora herramientas de precios dinámicos para favorecer la entrada de medicamentos genéricos tras la pérdida de exclusividad de los medicamentos de referencia». A juicio de la asociación, ese enfoque resulta «más compatible con la necesidad de fomentar una competencia gradual y ordenada, capaz de generar ahorros para el Sistema Nacional de Salud sin comprometer de forma inmediata la sostenibilidad de los mercados».
También fue bienvenida la incorporación del concepto de «medicamento estratégico», que habilita a las autoridades sanitarias a adoptar medidas regulatorias y económicas específicas para garantizar la continuidad de suministro de fármacos esenciales. AESEG recordó que «la experiencia reciente con determinados antibióticos y otros medicamentos maduros demuestra que la seguridad de suministro debe incorporarse como un objetivo central de la política farmacéutica».
Pese a ello, la asociación subrayó que el proyecto «no resuelve plenamente el principal desafío que afronta actualmente el sector, que es la presión estructural y continuada a la baja sobre los precios de los medicamentos genéricos». El reproche central apunta a la desconexión con el marco europeo: mientras la UE impulsa iniciativas como el «Reglamento de Medicamentos Críticos» o el refuerzo de la cláusula «Bolar» para facilitar la entrada rápida de genéricos y biosimilares, «la normativa española sigue manteniendo un fuerte énfasis en los mecanismos de reducción de precios».
Esa brecha no es menor. Las políticas comunitarias más recientes, según AESEG, «avanzan hacia un modelo que integra objetivos sanitarios, industriales y estratégicos», reconociendo que los medicamentos esenciales «no pueden ser considerados exclusivamente una herramienta de ahorro, sino también un activo estratégico cuya fabricación, disponibilidad y suministro deben protegerse». España, señala la asociación, «cuenta con una de las principales capacidades industriales de medicamentos genéricos de Europa».
El Ministerio de Sanidad, por su parte, concluyó en su propio informe sobre adopción de genéricos, híbridos y biosimilares que estos fármacos «absorben una parte muy significativa del crecimiento de la demanda farmacéutica y permiten liberar recursos públicos para financiar la incorporación de nuevas innovaciones terapéuticas».
Conviene mirar los incentivos. Una política farmacéutica que comprime sistemáticamente los precios de los genéricos puede producir ahorros contables a corto plazo para el erario, pero erosiona la base industrial que garantiza el suministro. El riesgo no es abstracto: la escasez de antibióticos en años recientes mostró con crudeza lo que ocurre cuando los márgenes dejan de ser viables para los fabricantes. La tramitación parlamentaria es la oportunidad de corregir ese desequilibrio antes de que la norma quede grabada en piedra. El mercado de genéricos no necesita más burocracia de precios; necesita previsibilidad y condiciones que hagan rentable producir en suelo europeo. El dato importa más que el ruido: sin industria sostenible, no hay seguridad de suministro, y sin seguridad de suministro, el Sistema Nacional de Salud queda expuesto a las mismas cadenas de dependencia que Europa lleva años intentando desmantelar.
