El doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio —dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, con menos de un minuto de diferencia— dejó más de 6.000 muertos y cerca de 16.000 heridos, según el balance recogido tras el desastre. El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro principal cerca de Catia La Mar, en el estado La Guaira, a una profundidad superficial de 10 kilómetros.
La Guaira concentró la mayor cantidad de víctimas y derrumbes. Allí, varios edificios construidos bajo convenios con el régimen de Beijing quedaron reducidos a montañas de escombros. El colapso puso bajo la lupa contratos firmados por el chavismo con empresas chinas para levantar viviendas e infraestructura con financiamiento externo atado a la relación bilateral entre ambas autocracias.
El dato central es incómodo para el relato oficial: en la mayoría de los casos, las autoridades venezolanas ni siquiera tenían acceso a los planos ni ejercían supervisión propia sobre las obras. El control, cuando existió, quedó en manos ajenas al Estado que debía garantizarlo.
Reuters describió cómo partes de un desarrollo habitacional de 1.100 unidades en La Guaira quedaron arrasadas por los sismos, y recogió el pedido de ingenieros para que el gobierno auditara de inmediato otros complejos que permanecen en pie. La agencia sostuvo que varios de esos desarrollos fueron construidos con rapidez por una mezcla de agencias estatales y contratistas de China, Turquía y Bielorrusia, bajo supervisión militar y con escasa divulgación pública de los detalles contractuales.
Alrededor de esas obras ya existían antecedentes de denuncias por opacidad, controles débiles y cláusulas de confidencialidad, cuestionamientos que el terremoto volvió a colocar en el centro del debate público. El señalamiento recae sobre todo en empresas chinas, que responden al régimen de Xi Jinping, y algunos de esos contratos fueron tramitados a través de los BRICS por pedido del propio chavismo.
El vínculo entre China y Venezuela en materia de infraestructura y vivienda se consolidó durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, mediante un sistema de deuda y cooperación respaldado por exportaciones de crudo. El principal instrumento fue el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, conocido como Fondo Chino, creado para financiar proyectos de infraestructura, industria, transporte y vivienda, según documentación relevada por Transparencia Venezuela.
Conviene mirar los incentivos que sostuvieron ese esquema durante casi dos décadas. Un gobierno sin controles republicanos, un socio comercial que tampoco los exige a sus contratistas en el exterior, y un flujo de deuda garantizado con petróleo: la combinación produjo viviendas construidas a velocidad política, no a estándares de ingeniería verificables. Cuando faltan planos accesibles, supervisión independiente y transparencia contractual, el riesgo no se distribuye entre las partes que firman el contrato, sino que cae entero sobre quienes terminan habitando esas estructuras.
El dato importa más que el ruido diplomático que rodea a estos acuerdos. La tragedia de La Guaira no es solo geológica: es el resultado previsible de dos décadas de obras públicas ejecutadas sin rendición de cuentas, financiadas por un régimen que intercambió petróleo por infraestructura sin exigir garantías de calidad ni permitir auditoría propia. La historia sugiere cautela con cualquier esquema de vivienda estatal levantado bajo cláusulas de confidencialidad, sin importar qué potencia lo financie.
