El «Equipo de Empalme Anticorrupción» del presidente electo Abelardo De la Espriella radicó el viernes 17 de julio cuatro alertas por presuntas irregularidades ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Las denuncias, lideradas por el abogado Germán Calderón España, apuntan a tres entidades del Estado: Colombia Compra Eficiente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la empresa Electrohuila.
El contrato de ciberseguridad
El caso de mayor volumen financiero corresponde al proceso CCENEG-094-01-2026, mediante el cual Colombia Compra Eficiente busca seleccionar proveedores de servicios de ciberseguridad en un contrato cercano a los $300.000 millones de pesos, con adjudicación prevista para el 28 de julio. Según el equipo de empalme, el proceso presentaría presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas nacionales, estudios de mercado desactualizados y un cronograma de rapidez inusual. Por ello, solicitaron la suspensión inmediata del proceso mientras los organismos de control revisan las presuntas anomalías.
El ICBF y la desnutrición en el Chocó
Dos de las cuatro denuncias involucran al ICBF. El equipo cuestiona un convenio superior a $6.435 millones suscrito con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en el Chocó. Según la información entregada, el hospital se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud al momento de la contratación. El empalme también documentó, según afirma, ausencia de personal médico y nutricional, uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad.
Como consecuencia de esas presuntas irregularidades, el equipo sostiene que la cobertura del programa se redujo en un 40%, lo que dejó fuera a siete municipios y liberó más de $2.060 millones de recursos inicialmente comprometidos.
Electrohuila y la reforma estatutaria
La cuarta denuncia señala una presunta reforma estatutaria en Electrohuila que, según el equipo del presidente electo, habría sido diseñada para favorecer la permanencia de la actual gerente de la empresa. El comunicado indica que la Procuraduría ya abrió una indagación previa sobre este caso.
El equipo de empalme describió estas acciones como parte de una estrategia que el nuevo gobierno implementará antes de la posesión presidencial del 7 de agosto. «Estas denuncias son la demostración de que el compromiso de defender cada peso de los colombianos comenzó antes del 7 de agosto», señaló el comunicado.
Las presuntas irregularidades deberán ser evaluadas por la Procuraduría y la Contraloría dentro de las actuaciones correspondientes.
La lectura de Continente
Conviene mirar los incentivos. Un gobierno saliente con menos de tres semanas de mandato que adjudica contratos por $300.000 millones, suscribe convenios con entidades bajo vigilancia sanitaria y remodela estatutos de empresas públicas no está administrando el Estado: está administrando su legado. El dinero de los contribuyentes colombianos merece que los organismos de control actúen con la misma urgencia que el equipo de empalme ha demostrado al documentar estas alertas.
El dato importa más que el ruido. Que el primer «Empalme Anticorrupción» de la historia colombiana radique denuncias con nombres, cifras y números de proceso antes de asumir el poder fija un estándar de rendición de cuentas que el propio gobierno De la Espriella deberá honrar desde el 7 de agosto. La historia sugiere cautela: la diferencia entre un cambio real y un cambio retórico se mide en los contratos que se firman después, no solo en los que se denuncian antes.
