La italiana Eni SpA confirmó que colabora con las autoridades chavistas para reactivar el sector energético de Venezuela. La compañía lo anunció en un comunicado fechado el sábado 29 de agosto, en el que aseguró que trabaja «con las contrapartes venezolanas y cualquier otra autoridad involucrada para apoyar la revitalización del sector energético del país».
Eni no precisó cuáles serán los próximos pasos de esa colaboración. La empresa señaló que ofrecerá más detalles cuando esas gestiones se concreten, sin dar plazos ni condiciones específicas.
El anuncio se produce mientras Estados Unidos avanza para asegurar un mayor control sobre la vasta industria petrolera venezolana, según reportó la fuente. Ambos procesos —el de la energética italiana y el de Washington— corren en paralelo, sin que por ahora se conozca públicamente cómo interactuarán entre sí.
Eni está ampliando su presencia en el país. La compañía ha estado negociando nuevos contratos para los proyectos petroleros Junín-5 y Corocoro, dos activos de peso en la geografía energética venezolana. Además, firmó recientemente un acuerdo de exportación de gas vinculado al yacimiento Perla, uno de los mayores depósitos de gas natural de la región.
La maniobra de Eni ocurre en un terreno jurídico e institucional incierto. Venezuela mantiene un régimen chavista que ha expropiado activos privados en el pasado y que opera bajo sanciones internacionales que han limitado durante años la inversión extranjera en su sector energético. Cualquier acuerdo con Caracas queda expuesto, por tanto, a los vaivenes de sanciones, litigios y cambios regulatorios que han caracterizado a la industria petrolera venezolana en la última década.
El interés de una petrolera europea de primer nivel confirma que el atractivo geológico de Venezuela —dueña de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta— sigue pesando más que el riesgo político para ciertos inversores dispuestos a negociar directamente con el chavismo. Pero el hecho de que Washington busque simultáneamente un mayor control sobre esa misma industria añade una variable que Eni no controla: el marco de sanciones y la política exterior estadounidense pueden alterar de la noche a la mañana la viabilidad de cualquier contrato firmado con Caracas.
Conviene mirar los incentivos. Para el chavismo, atraer capital extranjero —así sea de una compañía europea dispuesta a operar bajo reglas ambiguas— es una vía para paliar el colapso de su industria estatal, PDVSA, y sostener ingresos en divisas. Para Eni, el cálculo es distinto: acceder a reservas de gas y petróleo de gran escala antes que sus competidores, apostando a que el actual reacomodo geopolítico —con Washington más activo en la región— termine abriendo, y no cerrando, la puerta a esos contratos.
El dato importa más que el ruido: no hay, todavía, ningún acuerdo concreto anunciado, solo la declaración de intención de una empresa que busca no quedar rezagada si el tablero energético venezolano cambia. La historia sugiere cautela sobre cualquier inversión que dependa de la voluntad de un gobierno con antecedentes de expropiación y de un entorno de sanciones cuya evolución depende, en última instancia, de decisiones tomadas fuera de Venezuela.
