Camila Jofré tiene 33 años, tres hijos y un esposo esperándola en Chile. Tiene también miedo de morir cada día. Desde enero de este año se encuentra en Ucrania, a cargo de la enfermería de la Unidad 425 Skelya, un batallón de drones donde atiende desde bronquitis hasta amputaciones.
Jofré sirvió como enfermera de combate en el Ejército de Chile y permanece vinculada a esa institución hasta diciembre de 2025. Cuando se acerque el fin de su contrato decidió buscar nuevas opciones, y Ucrania le pareció una salida profesional y económica viable. «Mi esposo, que también es militar, me dijo: 'Anda, yo te apoyo, te va a servir para hacer lo que tú sabes hacer'», relató en conversación con La Tercera. «Acá yo he puesto en práctica para lo que me entrené estos 15 años y, además, me ha permitido tener una entrada económica parecida a la que tenía en Chile».
Llegó a Ternopil, ciudad en el oeste de Ucrania, se presentó en el centro de reclutamiento y en cuatro días firmó contrato. El proceso fue expedito: alojamiento, comida y atención de salud desde el primer día, antes incluso de formalizar su incorporación.
Lo que hace allí supera con creces lo que la normativa civil chilena le permite en su país. «Acá la verdad es que estoy haciendo algo que en Chile jamás me permitirían hacer», explicó. «Estoy a cargo de la enfermería de un batallón completo de drones y hago de todo: sutura, anestesia, diagnóstico, tratamiento, todo. Básicamente es como un médico cirujano». La razón no es falta de entrenamiento: el Ejército la capacitó para suturar, aplicar RCP y administrar medicamentos endovenosos. El problema es que la ley de salud chilena homologa a los enfermeros militares al nivel de tens, lo que les impide ejercer esas competencias fuera del contexto estrictamente castrense en campaña. En Ucrania, esa restricción no existe.
El trabajo es tan variado como brutal. Hay días en que atiende a 15 personas; otros, a 50. Las heridas por esquirla —fragmentos metálicos que se dispersan al estallar un explosivo o caer un dron— son las más frecuentes. «Cada esquirla produce mucho daño», describió. Entrar y salir de posición es el momento de mayor riesgo: ahí ocurren los ataques de drones.
Jofré y una instructora colombiana de drones son las dos únicas mujeres en su unidad. Más de 70.000 mujeres sirven en el Ejército ucraniano —aproximadamente el 7% de las fuerzas armadas del país—, y se estima que 10.000 operan en primera línea. Ucrania modificó su legislación en 2018 para otorgar a las mujeres igualdad de derechos en las fuerzas armadas y habilitarlas para todos los roles de combate; el servicio militar femenino sigue siendo voluntario.
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El caso de Jofré ilustra una paradoja que conviene mirar con atención. El Estado chileno invirtió quince años en formarla para una función crítica en combate, y luego la normativa civil le impide ejercerla en plenitud dentro del propio país. El resultado es predecible: el talento migra hacia donde los incentivos lo llaman, en este caso una zona de guerra activa. No es un argumento a favor de la desregulación irrestricta de la práctica médica, pero sí una señal de que las rigideces burocráticas tienen costos reales, medibles en personas y en capacidades que el sistema público financia pero no aprovecha.
La historia sugiere cautela ante la tentación de atribuir el fenómeno solo al contexto bélico. Lo que Ucrania ofrece no es únicamente un escenario de urgencia: es un marco legal que reconoce la competencia real de quien tiene el entrenamiento. Esa distancia entre capacitación y habilitación formal es un problema de diseño institucional, no de vocación.
