La reserva de agua en los embalses españoles se sitúa en el 69,62 % de su capacidad, según la última actualización del Boletín Hidrológico Peninsular publicada el 9 de agosto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El dato representa un retroceso respecto a la semana anterior, aunque la fuente oficial no cuantifica la magnitud exacta de esa caída.
Por regiones, Andalucía registra el nivel más elevado entre los datos disponibles, con un 77,02 % de capacidad. El boletín no desglosa cifras para el resto de comunidades autónomas en la información publicada.
El propio Miteco acompaña los datos con una serie de recomendaciones dirigidas al consumo doméstico, con foco particular en jardines. Según el ministerio, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre dos y cinco veces más agua que los pisos. El mantenimiento del césped concentra, según la misma fuente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín típico.
Entre las medidas sugeridas figuran el uso de plantas mediterráneas de bajo requerimiento hídrico, la sustitución parcial del césped por gravas o cortezas naturales, y la instalación de sistemas de riego localizado por goteo. Miteco señala que estos últimos utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que consumiría un riego por aspersión convencional. El organismo también recomienda la recogida de agua de lluvia mediante depósitos semienterrados y el riego en las horas de menor temperatura para reducir pérdidas por evaporación.
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Conviene mirar los incentivos. La respuesta del Estado ante cada variación en los niveles de embalses sigue un patrón conocido: más recomendaciones, más boletines, más aparato comunicacional. Lo que no aparece en el boletín es una discusión seria sobre precios, derechos de agua o estructuras de mercado que permitan asignar el recurso de forma eficiente entre agricultores, industria y consumidores urbanos.
España dispone de una infraestructura hídrica considerable y de datos actualizados semana a semana. El problema no es la información: es el marco regulatorio que desincentiva la inversión privada en eficiencia y traslada toda la responsabilidad de gestión al ciudadano individual mediante campañas de ahorro voluntario. Mientras el debate público se concentre en cuántos goteros instalar en el jardín, las decisiones de fondo —tarifas, concesiones, interconexión de cuencas— seguirán tomándose lejos del escrutinio del contribuyente que, en última instancia, financia el ministerio que publica el boletín.
