El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, publicó en su cuenta de X un cuestionamiento a la Municipalidad de Viña del Mar por organizar la exposición fotográfica «Anatomía de un genocidio», del fotoperiodista palestino Belal Khaled, convocada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, el concejo municipal y Manuel Hasbun, presidente del Centro de Información Palestina.
Lewi expresó que «preocupa que la Municipalidad de Viña del Mar utilice fondos de todos los vecinos para promover discursos políticos divisivos, discursos de odio y afirmaciones basadas en mentiras», y añadió que «la ciudadanía merece información basada en hechos, respeto y responsabilidad». En su publicación etiquetó además al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La invitación a la muestra señala que las fotografías buscan mostrar «no solo la devastación provocada por la guerra, sino también escenas de solidaridad, esperanza y persistencia de la vida».
La reacción del diplomático desencadenó una declaración del Grupo de Amistad Chile-Palestina del Senado, suscrita por el senador Sergio Gahona (UDI), presidente de la instancia, y Diego Ibáñez (FA), vicepresidente. El texto expresa «profunda preocupación» por lo que califica como «conducta reiterada» de Lewi y sostiene que sus intervenciones «exceden el ámbito propio de la representación diplomática, desconocen nuestra institucionalidad y constituyen una falta de respeto a la soberanía nacional».
Los senadores recordaron además una declaración anterior del embajador en la que, según indicaron, calificó a la Comunidad Palestina en Chile como una «organización radical», expresión que el grupo parlamentario describió como «ofensiva y estigmatizante».
En su declaración, los parlamentarios citaron el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece el deber de los representantes diplomáticos de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y de no intervenir en sus asuntos internos. «Chile es un Estado soberano. Sus autoridades e instituciones adoptan sus decisiones conforme al ordenamiento jurídico nacional y responden ante la ciudadanía y los órganos competentes del país, no ante representantes de gobiernos extranjeros», plantearon.
El grupo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores «actuar con la firmeza necesaria y adoptar las medidas diplomáticas correspondientes frente a esta conducta reiterada», aclarando que su posición no apunta a cuestionar la existencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, sino a exigir que estas se desarrollen bajo «criterios de respeto institucional y reciprocidad».
Conviene mirar los incentivos en juego. El embajador Lewi planteó un argumento que cualquier contribuyente puede reconocer como legítimo en su forma: el uso de fondos municipales para actividades de contenido político controvertido es una pregunta válida en cualquier democracia de mercado, independientemente del conflicto de fondo. Que un diplomático extranjero sea quien la formule públicamente, sin embargo, introduce una variable distinta: la interferencia en decisiones de instituciones locales, que son las que deben responder ante sus electores.
El dato importa más que el ruido. El episodio revela la tensión entre dos principios igualmente serios: la rendición de cuentas sobre el gasto público y la no intervención diplomática en asuntos internos. Ambos merecen debate; ninguno cancela al otro. Lo que el incidente deja en claro es que el conflicto en Gaza sigue proyectando fricciones sobre la política doméstica de países distantes, y que Chile no es la excepción.
