El nuevo edificio que alberga la Embajada de España en Caracas fue desalojado por precaución después de los terremotos registrados el miércoles 24 de junio en Venezuela. La Alcaldía de Chacao advirtió a las autoridades españolas sobre el estado del edificio colindante Parque San Felipe, que presenta daños estructurales severos y riesgo de derrumbe, según fuentes diplomáticas citadas por el diario El Mundo.
La sede diplomática se encuentra a apenas 200 metros de los edificios que colapsaron en la zona de Altamira el mismo día de la catástrofe. Los técnicos municipales consideran que el edificio español está fuera del radio que se vería afectado por un eventual derrumbe, pero las autoridades españolas optaron por la precaución. La medida provisional se prolongaría hasta el viernes.
Unas 45 personas —diplomáticos, personal laboral y funcionarios de las distintas consejerías— retiraron documentos para proseguir su trabajo fuera de las instalaciones. Entre los planes de contingencia figura la habilitación de una zona especial de trabajo en la residencia del embajador, que también presenta paredes resquebrajadas aunque sin peligro grave, según los arquitectos consultados.
El Consulado, que se encontraba en fase de mudanza al nuevo edificio en el perímetro de la Embajada, tampoco puede operar: sus antiguas oficinas quedaron impracticables y su personal fue desalojado desde el mismo día del terremoto.
El gobierno español ha informado que 38 españoles perdieron la vida en el sismo y que 138 siguen desaparecidos. Las cifras oficiales venezolanas contabilizan más de 3.800 víctimas mortales, 16.740 heridos, 856 edificios dañados y 190 edificios colapsados.
El dato importa más que el ruido. Lo que revelan estas cifras no es solo la magnitud física de la catástrofe, sino la fragilidad de las instituciones llamadas a gestionarla. Un Estado que durante años desvió recursos del aparato público hacia el control político y la lealtad partidaria difícilmente puede ofrecer ahora la capacidad técnica y logística que una emergencia de esta escala exige. La evacuación de una embajada extranjera por riesgo de derrumbe de un edificio vecino es, en ese sentido, una imagen que condensa algo más que un protocolo de seguridad.
Conviene mirar los incentivos. La reconstrucción requerirá inversión privada, transparencia en el manejo de la ayuda humanitaria y marcos jurídicos que ofrezcan garantías mínimas a quienes aporten capital y trabajo. Sin esas condiciones, el dinero internacional —escaso de por sí— llegará con cuentagotas o se perderá en la opacidad del aparato estatal. La historia sugiere cautela sobre la capacidad del régimen venezolano para convertir una tragedia en punto de inflexión hacia el orden y la rendición de cuentas.
