La Corte Suprema bloqueó el intento del presidente Donald Trump de suprimir por decreto la ciudadanía por nacimiento para hijos de extranjeros en situación irregular o temporal. El fallo, conocido como la decisión «Barbara», no cerró el debate: lo desplazó hacia los territorios de ultramar, donde el Congreso —no la Decimocuarta Enmienda— es la fuente legal de esa ciudadanía.
El representante Morgan Griffith, republicano de Virginia, presentó el End Birthright Citizenship for Territories Act, una propuesta que cubriría cuatro de los cinco territorios habitados: Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte (CNMI). American Samoa queda fuera porque sus residentes no reciben ciudadanía automática al nacer.
«Debido a las leyes de ciudadanía por nacimiento vigentes en los territorios, cualquier niño nacido en un territorio estadounidense —excepto en Samoa Americana— accede automáticamente a la ciudadanía, independientemente de la nacionalidad de sus padres», explicó Griffith al introducir el proyecto.
El argumento jurídico es directo: si el Congreso estableció esa ciudadanía por estatuto, tiene la autoridad para modificarla. «La decisión "Barbara" deja abierta la puerta para la acción del Congreso en materia de ciudadanía en los territorios americanos», sostuvo el legislador.
El titular de la iniciativa apunta expresamente al «turismo de nacimiento» —la práctica de viajar a territorio estadounidense con el único propósito de que el recién nacido adquiera la ciudadanía—. La región del Caribe y el Pacífico lleva años registrando este fenómeno, con antecedentes documentados de redes que operaron especialmente desde China hacia las Marianas del Norte.
En paralelo, el senador Eric Schmitt ha presentado una propuesta para revocar la ciudadanía a hijos de diplomáticos extranjeros nacidos en suelo estadounidense, y el senador Jim Banks impulsa la Citizenship Act, que busca redefinir a los hijos de quienes ingresaron ilegalmente como «hijos de invasores» —terminología que toma como referencia opiniones del juez Kavanaugh—. El ex director interino del ICE Jonathan Fahey describió el proyecto de Banks como «un enfoque interesante» para atacar el turismo de nacimiento.
La convergencia de estas iniciativas señala una estrategia legislativa en varios frentes: si el Ejecutivo no puede actuar solo, el Congreso busca construir el marco estatutario que lo habilite.
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Conviene mirar los incentivos. La ciudadanía estadounidense es uno de los activos jurídicos más valiosos del mundo; que pueda adquirirse mediante un viaje programado convierte a los territorios en una ventanilla de acceso al margen de cualquier proceso migratorio ordenado. El costo no lo paga quien obtiene el beneficio: lo absorbe el contribuyente y el sistema de servicios públicos de comunidades que, en muchos casos, ya enfrentan presupuestos ajustados.
El debate importa más allá de la semántica constitucional. Si el Congreso aprueba alguna de estas propuestas, fijará un precedente sobre hasta dónde llega la soberanía legislativa en materias que durante décadas se consideraron intocables. El dato importa más que el ruido: la decisión «Barbara» no resolvió el fondo; solo trasladó la batalla a un terreno donde el Congreso tiene más margen de maniobra.
