El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió este 16 de julio una sentencia que ratifica la ley de amnistía española y despeja, al menos en el plano europeo, el camino judicial para Carles Puigdemont. La corte con sede en Luxemburgo concluyó que la norma «tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación» y que no contraviene el derecho comunitario.
Los dos flancos más sensibles del caso recibieron respuesta favorable a la amnistía. En materia de malversación —Puigdemont y miembros de su entonces gobierno fueron acusados de haber usado más de 1,5 millones de euros de fondos públicos para organizar el referendo de 2017—, el TJUE señaló que ello no afecta los intereses financieros del bloque. «No puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional», precisó la sentencia.
Sobre las acusaciones de terrorismo vinculadas a las manifestaciones de 2019, el tribunal determinó que la ley «no menoscaba el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo», puesto que se limita a establecer que no serán perseguidos delitos cometidos «exclusivamente en el contexto específico del movimiento independentista catalán, a excepción de los que hayan causado intencionalmente graves violaciones de los derechos humanos».
El Congreso español aprobó la ley de amnistía en 2024 para cubrir el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, incluyendo el referendo del 1 de octubre de 2017, no autorizado por Madrid, y la posterior declaración unilateral de independencia, ambos anulados por el Tribunal Constitucional español. Nueve líderes independentistas, entre ellos Oriol Junqueras, habían sido condenados a prisión en 2019. Puigdemont huyó a Bélgica, donde reside actualmente.
La norma fue la moneda de cambio que permitió a Pedro Sánchez obtener el respaldo independentista necesario para un segundo mandato en el Congreso. Los tribunales españoles se habían negado a aplicarla en los casos más relevantes y recurrieron a la justicia europea argumentando violaciones al derecho comunitario; el fallo de este jueves cierra esa vía.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, exigió sin demora la «plena aplicación de la ley» y afirmó que «el horizonte queda ya despejado». Puigdemont, desde Bélgica, celebró el resultado pero se mostró cauto respecto a un regreso inmediato a España, donde el Tribunal Supremo mantiene vigente una orden de captura nacional. «Si siguen negándose a aplicar la amnistía en su totalidad, no solo estarán infringiendo una ley aprobada por el Parlamento y declarada constitucional, sino que también estarán enfrentándose al derecho europeo», advirtió en su cuenta de X. El Partido Popular, opositor firme a la norma, declaró respetar el fallo.
El dato importa más que el ruido. Lo que el TJUE avaló no es la conveniencia política de la amnistía, sino su compatibilidad técnica con el derecho europeo; el Tribunal Supremo español conserva margen para mantener la orden de captura mientras resuelve en sede nacional. Pero el fallo sí cierra la palanca que los jueces españoles usaban para resistir la aplicación de la norma ante Luxemburgo. Conviene mirar los incentivos: la ley nació de una negociación en la que el Ejecutivo de Sánchez intercambió impunidad judicial por votos parlamentarios, un modelo que debilita la separación de poderes y fija un precedente costoso para el Estado de derecho español. Que una corte supranacional lo valide formalmente no lo convierte en sano para las instituciones; lo convierte, simplemente, en vigente.
