El sindicato de trabajadores estudiantiles de la Universidad de Columbia retiró el martes su demanda de que la institución desinvirtiera de empresas que operan con Israel, según reportó The Columbia Spectator. La concesión pone fin a uno de los capítulos más ruidosos del activismo anti-Israel en universidades de élite de Estados Unidos.
El Student Workers of Columbia-United Auto Workers (SWC-UAW), que según la propia organización representa a más de 3.000 trabajadores estudiantiles de pregrado y posgrado, llevaba meses negociando un contrato con Columbia. Entre sus demandas figuraba que la universidad retirara inversiones de compañías en supuesta violación del «derecho internacional», una cláusula explícitamente orientada contra Israel.
La exigencia generó un punto muerto en las negociaciones. La presión llegó también desde adentro: la organización matriz, United Auto Workers, presionó a la filial estudiantil para que moderara su activismo político. El resultado fue la eliminación del artículo contractual que exigía la desinversión.
«Uno empieza una campaña con una cosa, y luego, al negociar, hay que enfrentar las realidades de dónde uno está», declaró Grant Miner, presidente del SWC-UAW, según citó The Columbia Spectator.
El contexto es relevante. Un comité de inversiones de Columbia ya había rechazado las demandas de desinversión el año pasado, argumentando que eran demasiado vagas, que no existía consenso en el campus y que la medida no era financieramente viable. El activismo no encontró eco ni en las autoridades universitarias ni, finalmente, en la propia dinámica sindical.
Columbia se convirtió en uno de los epicentros de las protestas anti-Israel en 2024, cuando estudiantes ocuparon el South Lawn durante semanas en lo que denominaron un «campamento de solidaridad con Gaza», en respuesta a la guerra desatada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. El sindicato había respaldado previamente el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel.
El dato importa más que el ruido. Lo ocurrido en Columbia no es un episodio menor: ilustra los límites reales del activismo ideológico cuando choca con instituciones que deben rendir cuentas ante criterios financieros y de gobernanza. Una universidad privada, con obligaciones fiduciarias hacia sus fondos de dotación, no puede subordinar sus decisiones de inversión a demandas políticas mal definidas, por más presión que ejerzan grupos organizados dentro del campus.
Conviene mirar los incentivos. El movimiento BDS apostó por infiltrar estructuras sindicales estudiantiles como palanca de presión institucional. La estrategia fracasó aquí porque la contraparte —la universidad— mantuvo criterios objetivos: vaguedad de las demandas, ausencia de consenso, inviabilidad financiera. Esos son exactamente los argumentos que deberían guiar a cualquier junta de gobierno cuando enfrenta presiones para politizar la gestión de activos. La libre empresa y la propiedad privada tienen defensas propias cuando las instituciones se mantienen firmes. El repliegue del SWC-UAW es, en ese sentido, una señal de que la solidez institucional puede más que la presión ideológica sostenida.
