El dato importa más que el ruido. A noventa años de distancia, el asesinato de Enzo Bordabehere en el recinto del Senado argentino sigue siendo una de las escenas más reveladoras de lo que ocurre cuando el aparato estatal se pone al servicio de intereses privados y la oposición se convierte en blanco.
Eran apenas pasadas las cinco de la tarde del 23 de julio de 1935 cuando Ramón Valdés Cora apretó el gatillo cuatro veces. Tres balas impactaron en el cuerpo del senador Bordabehere —dos por la espalda, una en el pecho cuando intentó darse vuelta—; el cuarto disparo hirió la mano del ministro de Agricultura Luis Duhau, a quien Valdés Cora servía como guardaespaldas. Bordabehere murió esa misma tarde en el Hospital Ramos Mejía, atendido por el doctor Augusto Wiebert, sin haber jurado como senador.
El blanco original no era Bordabehere. Era Lisandro de la Torre, senador socialista de 70 años que llevaba semanas presentando pruebas de que el gobierno del presidente Agustín P. Justo era cómplice de un fraude millonario en el comercio de carnes. Dos días antes del crimen, Duhau había gritado en sesión: «¡Ya pagará todo esto el señor senador, punto por punto! ¡Ya pagará bien caro todas las afirmaciones que ha hecho!». El que pagó fue Bordabehere.
El trasfondo: un pacto y sus consecuencias
Para entender el crimen hay que remontarse al Pacto Roca-Runciman, firmado el 1.º de mayo de 1933 entre el vicepresidente Julio Argentino Roca hijo y Sir Walter Runciman, presidente del Board of Trade británico. El acuerdo, alcanzado tras el debilitamiento de Argentina por la Gran Depresión de 1929 y el Pacto de Ottawa de 1932, comprometía al país a mantener precios de carne por debajo de cualquier otro proveedor mundial, cedía el 85 por ciento de las licencias de importación a empresas británicas, liberaba de impuestos al carbón inglés, prohibía habilitar frigoríficos de capital nacional y entregaba al Reino Unido el monopolio de los transportes públicos de Buenos Aires. Se creaba además un Banco Central con participación de funcionarios del Imperio Británico en su directorio.
De la Torre había alertado sobre el costo del tratado desde el primer momento. En septiembre de 1934 propuso una comisión investigadora para establecer la situación real del comercio exportador de carnes. Lo que encontró fue contundente: el frigorífico Anglo declaraba 75.000 pesos nacionales de utilidades anuales, pero según la comisión sus ganancias en los últimos tres años habían llegado a 37.800.000 pesos. La documentación que respaldaba esa cifra había sido encontrada en planillas secuestradas del barco Norman Star, donde alguien intentaba sacarlas del país disimuladas en embarques de carne.
Con esas pruebas, De la Torre habló durante cinco sesiones seguidas en el Senado, exponiendo evasión impositiva, prácticas fraudulentas y complicidad estatal. Durante trece días, Duhau y el ministro de Hacienda Federico Pinedo asistieron a rebatir sus acusaciones, alentados desde las galerías por empleados públicos y militantes del aparato conservador que el gobierno llevaba al recinto.
La respuesta del Estado
La reacción oficial al asesinato habla por sí sola. El decreto presidencial de honras fúnebres comenzaba: «Con motivo del fallecimiento del señor senador electo…», como si se tratara de una muerte natural. Esa misma noche, el presidente Justo y su esposa asistieron a una velada de gala en el Teatro Colón.
Conviene mirar los incentivos. El crimen del 23 de julio de 1935 no fue un accidente de la política: fue la consecuencia lógica de un sistema donde el Estado protegía intereses privados extranjeros a costa de los contribuyentes argentinos, criminalizaba la auditoría y respondía con violencia cuando la evidencia documental amenazaba con volverse pública. Bordabehere murió porque alguien consideró que el costo de la verdad era demasiado alto. Noventa años después, la pregunta que deja ese episodio no es histórica sino estructural: cuánto cuesta, en cualquier latitud, investigar de verdad al poder cuando el poder controla también la sala donde se investiga.
